Casi dos meses después de que las primeras manchas de chapopote llegaran a las playas, Petróleos Mexicanos reconoció su responsabilidad en el derrame de crudo que desde marzo contamina las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en el Golfo de México. Luego de que autoridades federales y estatales lo negaran de forma reiterada, el director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, admitió el jueves —como lo había adelantado El País el 30 de marzo— que una fuga en un oleoducto que conecta la sonda de Cantarell con Dos Bocas fue una de las principales causas del desastre ambiental. El funcionario, quien aseguró haber sido engañado por sus subordinados, responsabilizó a tres directivos de la empresa estatal, quienes fueron despedidos y enfrentan posibles sanciones. La interrogante ahora es si estas medidas serán suficientes para asumir la responsabilidad del daño.
Fuentes cercanas al grupo interinstitucional creado para atender el derrame señalaron que el reconocimiento tardó debido a que desde Pemex se negó la situación de manera constante. Este grupo, integrado por la petrolera, las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente, fue el encargado de investigar y comunicar sobre el incidente. En la conferencia de este jueves estaba prevista la participación de la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, pero finalmente acudió una subordinada. Fue Rodríguez Padilla quien explicó la “fuga de hidrocarburos en instalaciones de Petróleos Mexicanos, que había sido negada por las áreas operativas”.
Durante su comparecencia, el director de Pemex informó que tres altos funcionarios —el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos— fueron separados de sus cargos mientras se realiza una investigación interna. Según explicó, estos directivos, cuyos nombres no fueron revelados, omitieron reportar la fuga y su reparación, negando de forma sistemática ambos hechos. Para detectar estas irregularidades, se revisaron las bitácoras de los barcos que operaron en la zona, documentación que El País había solicitado previamente cuando la empresa calificó como “inexacta” la información publicada el 30 de marzo.
La conferencia y el reconocimiento de Pemex abren nuevas interrogantes, entre ellas el nivel de responsabilidad de los funcionarios cesados y la posible ausencia de protocolos eficaces para registrar este tipo de incidentes. También surge la duda sobre el estado y mantenimiento de las instalaciones de la empresa en la región, donde se han detectado con frecuencia derrames en plataformas y ductos.
Las primeras alertas sobre el desastre surgieron a inicios de marzo. En ese momento, Pemex aseguró en un comunicado que no se había detectado ninguna fuga tras realizar inspecciones técnicas. Días después, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó esa versión y atribuyó el origen a un buque privado, señalando que su concesión había sido otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El tema llegó a la conferencia matutina del 19 de marzo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum también descartó en ese momento la responsabilidad de la empresa estatal.
El 26 de marzo, el grupo interinstitucional ofreció su primera conferencia para explicar el origen del derrame. En ese momento, autoridades sostuvieron que el hidrocarburo provenía de un buque que habría tenido un vertido en Coatzacoalcos, así como de dos chapopoteras —emanaciones naturales de petróleo y gas— ubicadas en Coatzacoalcos y Cantarell, dejando fuera a Pemex de la responsabilidad.
Sin embargo, el 30 de marzo, El País, con apoyo de la organización CartoCrítica, reveló que el buque Árbol Grande, contratado por Pemex para reparar ductos submarinos, permaneció cerca de 200 horas sobre un oleoducto activo donde se detectaba una gran mancha de petróleo. En respuesta, la empresa desestimó la información y afirmó que la presencia del buque no implicaba trabajos de reparación. Tras esta publicación, la presidenta Sheinbaum ordenó una investigación a fondo, lo que derivó en el reconocimiento de que la fuga en ese ducto fue una de las principales causas del derrame.
De acuerdo con lo informado, personal de Pemex conocía la existencia de la fuga desde principios de febrero y envió al buque Árbol Grande junto con otras embarcaciones para atenderla. La fuga fue localizada el 8 de febrero y reparada el 18, aunque el cierre del oleoducto marino Old AK-C —que conecta la plataforma AKAL-C con la terminal marítima de Dos Bocas— se realizó hasta el 14 de febrero. Según el comunicado conjunto del grupo interinstitucional, la destitución de los funcionarios forma parte de un “compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección ambiental”.
Con información de El País