Pablo Jair Ortega

Increíblemente, hace unos días llegó una carta a varios (sino es que a todos) los restaurantes de Coatzacoalcos, avalada supuestamente por la Sociedad de Autores y Compositores de México, firmada por el delegado estatal Rafael Meléndez Rojas.

Al leerla usted verá que es para soltar la carcajada.

En resumen, la carta le dice a los propietarios o gerentes que deben pagar una “licencia-autorización” para que el uso de la música “sea legal y siga beneficiando a su negocio”. Incluso tienen un tarifario que se puede consultar en línea.

Aunque parezca una broma bastante idiota, resulta que el pasado 11 de marzo fue designado un fulanito llamado Julio Alberto Ramos González como inspector de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) para el sur de Veracruz. En dicho evento también estuvo el delegado estatal Rafael Meléndez.

La presentación oficial fue en una conferencia de prensa y ahí se anunció que notificaría a ayuntamientos y negocios de 34 municipios del sur de Veracruz (también Tuxtepec y Loma Bonita, en Oaxaca) para tramitar licencias por el uso de obras musicales.

De hecho, en esa misma conferencia —y según sus cuentas— el Ayuntamiento de Coatzacoalcos debía pagar cerca de 700 mil pesos más IVA por los diez días de la Expo Feria.

Hasta donde se tiene conocimiento, (por lo absurdo, insisto) desde el Palacio Municipal los mandaron a freír espárragos por hambreados.

Pues bien, el 20 de abril llegaron dichas “notificaciones” a través de un escrito, donde indican que en los próximos días, los gerentes o propietarios deben recibir al tal Julio Ramos “para poder aclarar con gusto cualquier duda que tenga al respecto y tener la oportunidad de establecer en términos justos y equitativos el otorgamiento de la Licencia-Autorización que su establecimiento necesita”.

De risa y bastante absurdo. En los casi 30 años que llevo trabajando en medios de comunicación, nunca había escuchado que se tiene qué tramitar una licencia por escuchar música en un restaurante.

Lo que llama la atención es que solamente está ocurriendo en restaurantes de la zona sur de Veracruz (se desconoce si han ido a otro tipo de establecimientos). Acá en Xalapa, hasta el momento, no se sabe que haya llegado una carta similar solicitando pago de una “licencia”.

Y eso remarca la atención porque en los recientes lustros (particularmente en Coatzacoalcos, durante los años más álgidos de la delincuencia organizada entre el Fidelato y el Duartismo) comenzó una forma de operar que dañó y sigue dañando: el “derecho de piso”, una extorsión que se instaló como un cáncer por años y ha sido difícil erradicar. Los “clientes” más comunes eran precisamente los restaurantes y bares.

Por lo que se sabía en ese entonces —luego de esos años muy oscuros— pandillas o células de loquitos o “cricos” locales (el patrón Vázquez Chagoya les llamaba “delincuencia pelusa”) siguieron utilizando el temor y mala fama de los malandros para pedir dinero. Ojo, no es que sean menos peligrosos, pero no son una organización nivel Cártel Jalisco o Sinaloa; de hecho, hasta una banda fue desarticulada recientemente, cuyo líder operaba en un estado del norte del país.

Pues bien, esto de la “licencia-autorización para escuchar música” suena a eso. Apesta a una extorsión disfrazada bajo una sociedad legítima, interpretando leyes reales y asustando con el petate del muerto a empresarios del sur de Veracruz, ciscados por años debido al cobro de piso.

Sin duda debe intervenir la autoridad, pues nunca falta gente así que se quiere pasar de lista para cobrar un dinero de la nada, a costa de gobiernos o la iniciativa privada.

Ya hubo casos recientes de tal magnitud: ocurrió cuando se anunció la construcción de Corredor Interoceánico, al principio de la llamada 4T, donde un grupo de “ingenieros” asentados en Minatitlán visitaban ayuntamientos del sur de Veracruz anunciando que estaban construyendo hasta un aeropuerto en el Uxpanapa como parte del Corredor. Fue hasta que les cayó la Marina y la Fiscalía General de la República que pararon su engaño; su operador financiero resultó que estaba ligado a una iglesia cristiana y formaba parte de una célula del crimen organizado.

Pues bien, esto de la carta para pedir regalías en los restaurantes —insisto— también tiene tufo a eso: un vil engaño, una vulgar extorsión. Ridícula y absurda por donde se le vea.

Vaya osadía.

(En la imagen, Rafael Meléndez Rojas y Julio Alberto Ramos González, así como una de las cartas que llegó a restaurantes)