Opinión Miguel Ángel Cristiani
Por momentos, la política mexicana parece más interesada en administrar percepciones que en resolver problemas. La narrativa oficial —esa que se difunde con entusiasmo en espectaculares, redes sociales y boletines institucionales— insiste en que los primeros 100 días de gobierno son sinónimo de resultados, eficiencia y cercanía con la gente. Pero la realidad, terca como siempre, suele contar otra historia.
En el caso del municipio de Veracruz, la promoción de la imagen de la alcaldesa Rosamaría Hernández Espejo con motivo de sus primeros 100 días de administración abre más preguntas que certezas. Porque cuando la comunicación institucional comienza a parecer campaña personalizada, el mensaje deja de ser informativo para convertirse en propaganda.
El caso concreto es evidente: la presencia reiterada del rostro, nombre y figura de la alcaldesa en materiales que, en teoría, deberían informar sobre acciones de gobierno. No se trata de un detalle menor. La línea entre informar y promocionar es delgada, pero existe. Y cuando se cruza, no solo se vulnera el espíritu de la ley: se traiciona la confianza pública.
Surgen entonces las preguntas incómodas:
¿Se están difundiendo logros institucionales o posicionando una figura política?
¿Quién paga esa publicidad: el gobierno o la ciudadanía?
¿Es prioridad mejorar la percepción o resolver los problemas de fondo?
¿En qué momento la rendición de cuentas se convirtió en un escaparate personal?
El trasfondo del problema no es nuevo. En México, la cultura política ha normalizado el uso de recursos públicos para construir imagen. Cambian los colores partidistas, pero no la tentación de convertir el cargo en plataforma. Los primeros 100 días, lejos de ser un ejercicio de evaluación, terminan siendo una pasarela de autoelogios cuidadosamente producidos.
Aquí es donde la contradicción entre legalidad y ética se vuelve evidente. Puede argumentarse —como suele hacerse— que todo está dentro del marco normativo, que no hay violación explícita de la ley. Pero la ética pública no se agota en lo legal. Gobernar implica responsabilidad, sobriedad y respeto por el dinero de los ciudadanos. Y cuando la imagen personal se antepone al interés colectivo, el problema ya no es jurídico: es moral.
Las implicaciones son profundas. La institucionalidad se debilita cuando las dependencias dejan de comunicar para informar y comienzan a comunicar para posicionar. La ciudadanía, por su parte, se vuelve escéptica, desconfiada, incluso indiferente. Porque cuando todo se presenta como logro, nada resulta creíble.
Al final, el costo no se mide en pesos ni en espectaculares, sino en credibilidad. Y esa, una vez perdida, difícilmente se recupera. Porque en política, como en la vida, el exceso de espejo suele terminar ocultando la realidad. Y cuando eso ocurre, ni cien días ni cien campañas alcanzan para convencer a una sociedad que ya aprendió a ver más allá de la imagen.