Opinión de Emiliano Sesma
El 24 de noviembre México amaneció detenido en muchas de sus carreteras federales. En varios estados de la república, decenas de autopistas federales y los principales accesos a la Ciudad de México están convertidos en estacionamientos gigantes. No es un capricho: es la respuesta desesperada de transportistas y productores del campo que, hartos de promesas incumplidas, decidieron parar el país para que alguien los escuche. Y tienen razón en sus demandas.
Los transportistas enfrentan desde hace años una inseguridad brutal: extorsiones diarias, robos a mano armada y asesinatos que ya nadie cuenta porque se volvieron “nota roja cotidiana”. Mientras tanto, los productores agrícolas ven cómo el precio del maíz, el frijol y el trigo se derrumba a niveles que no cubren ni la semilla ni el diésel. Hoy venden el maíz a menos de 5 mil pesos la tonelada cuando producirla cuesta entre 6 y 7 mil. Es decir, trabajan todo el año para perder dinero. Y encima les piden competir con granos importados que entran sin aranceles gracias al T-MEC.
Lo más grave es que este abandono no es nuevo; es la crónica de una muerte anunciada que empezó hace dos décadas con la firma del TLCAN y se aceleró con la desaparición de Conasupo, el fin de los precios de garantía reales y la entrega del mercado interno a las importaciones baratas. El campo mexicano no compite en igualdad de condiciones: allá subsidian al productor con miles de millones de dólares; aquí lo asfixian con créditos carísimos, diésel al precio del oro y la amenaza permanente del crimen organizado que cobra “derecho de piso” por cada hectárea sembrada. El resultado es devastador: México importa ya más del 40% del maíz que consume y casi el 90% del arroz. Somos el único país del mundo que importa lo que inventó.
Y el transporte no está mejor. Cada tráiler que cruza el país es un blanco móvil. Los delincuentes no roban cajas: roban vidas. En los últimos seis años han sido asesinados más de 300 operadores por negarse a pagar cuota o por estar en la ruta equivocada. El gobierno responde con mesas de diálogo que nunca se traducen en patrullajes efectivos ni en inteligencia. Mientras, las aseguradoras ya no cubren ciertas carreteras y los fletes suben porque alguien tiene que pagar el riesgo. Ese alguien somos todos: en cada tortilla, en cada litro de leche, en cada paquete que llega tarde.
Este mega bloqueo no es un berrinche; es la última carta de quienes alimentan al país y lo mueven. Si el transporte se detiene, los supermercados se vacían en 48 horas. Si el campo quiebra, México pierde soberanía alimentaria para siempre. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene ahora la oportunidad histórica de resolver de fondo: presencia real de la Guardia Nacional en las carreteras, precios de garantía que de verdad garanticen, freno a la importación desleal y una banca de desarrollo que preste al campo y no solo a los grandes corporativos.
El país está parado por los mega bloqueos, pero mañana puede estar quebrado. Y no habrá bloqueo que alcance para despertar a un México que ya no tiene comida en la mesa ni camiones que la lleven. Por lo que la invitación al lector es para que le ponga fecha a que escuchar al campo y al transporte no es concesión política: es supervivencia nacional.