Aquí se están mezclando deliberadamente dos discusiones distintas.

Una cosa es la frase de Ramos Alor, que fue desafortunada, innecesaria y absolutamente indefendible. Un médico que reclama gasas, medicamentos o material quirúrgico está haciendo lo correcto. Punto.

Pero otra cosa muy distinta es pretender que Ramos Alor o la gobernadora Rocío Nahle tienen sentada en su escritorio la chequera con la que se compran y abastecen todos los medicamentos e insumos de los hospitales transferidos al IMSS-Bienestar.

Eso simplemente ya no corresponde a cómo funciona el sistema.

Desde la transferencia de los servicios estatales al IMSS-Bienestar cambió por completo la arquitectura administrativa y financiera. Los hospitales transferidos están incorporados a un organismo público federal y Veracruz está adherido al esquema de compras consolidadas. La adquisición de medicamentos, material de curación y demás insumos no depende ya de una compra autónoma ordinaria de cada hospital, del coordinador estatal ni de una decisión unilateral de la gobernadora.

Y esto no es una opinión política. Está en los propios lineamientos del IMSS-Bienestar.

A las autoridades estatales y locales les corresponden funciones importantísimas, detectar necesidades, programarlas, reportarlas, gestionar, coordinar y distribuir lo que llega. Por supuesto que deben responder por hacer bien esas tareas. Pero si el nivel central no compra, no surte o no dispersa oportunamente, ningún coordinador estatal puede sacar de una bodega lo que simplemente no le han enviado.

Por eso resulta demasiado cómodo cargar toda la crisis de abastecimiento sobre Ramos Alor y, de paso, sobre Rocío Nahle, como si Veracruz siguiera administrando su sistema hospitalario exactamente igual que antes de la federalización.

Más aún, existe evidencia pública de que el Gobierno de Veracruz ha tenido que meter dinero estatal precisamente para cubrir huecos del sistema federal. Cuando faltaron medicamentos oncológicos, Nahle ordenó comprarlos con recursos estatales aun reconociendo expresamente que correspondían al esquema del IMSS-Bienestar. Y posteriormente el propio Gobierno estatal volvió a ordenar adquisiciones directas de claves faltantes mientras esperaba los envíos federales.

Entonces hagamos la crítica donde corresponde.

¿Hay desabasto? Sí.

¿Los médicos tienen derecho a denunciarlo? Por supuesto.

¿Fue incorrecta la manera en que Ramos Alor respondió a los residentes? Sí, y merece ser señalada.

Pero de ahí a afirmar que Ramos Alor o la gobernadora son quienes controlan las compras centralizadas, los tiempos de adquisición y toda la cadena federal de suministro hay un trecho enorme.

Y precisamente aquí está la contradicción del argumento, si el propio IMSS-Bienestar tuvo que intervenir, enviar insumos y anunciar medidas correctivas, eso demuestra que estamos hablando de una responsabilidad institucional que rebasa al coordinador estatal.

Se puede exigir responsabilidad política sin falsear la estructura administrativa.

Y tampoco comparto la idea de que cuestionar quién capitaliza políticamente una protesta equivalga a “criminalizar” a los médicos. Los médicos que marcharon merecen respeto absoluto y sus carencias deben atenderse. Pero eso no impide analizar si actores partidistas intentan aprovechar legítimas inconformidades del personal sanitario. Las dos cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

La discusión importante no debería ser si Ramos Alor cae mañana para colocar a otra persona en la misma silla y con exactamente las mismas limitaciones presupuestales.

La pregunta es ¿Por qué un sistema federal que centralizó recursos, compras y buena parte de la operación permitió que hospitales de Veracruz llegaran al punto de no contar con insumos básicos?

Porque cambiar al funcionario estatal puede resolver un problema político.

Pero no llena una sola bodega.

Si realmente queremos defender a médicos, enfermeras, residentes y pacientes, entonces exijamos responsabilidades en toda la cadena, hospital, coordinación estatal, Gobierno estatal y, sobre todo, en las áreas centrales del IMSS-Bienestar responsables de garantizar que aquello que se planea, compra y financia efectivamente llegue a los hospitales.

Y así como hoy circula un video en el que Alor se dirige de manera grosera a un residente, les pido a los propios residentes que tengan esa misma valentía para documentar y denunciar, por las vías correspondientes, las vejaciones o abusos que sufran por parte de enfermeras, médicos adscritos o residentes de mayor grado. Aprovechen esta ventana de oportunidad y no tengan miedo: si fue posible exhibir públicamente a un funcionario federal, con mayor razón debe poder señalarse a cualquier persona que, día tras día, ningunee sus derechos como seres humanos. Háganlo con responsabilidad, preservando la evidencia y procurando que las denuncias lleguen a las instancias competentes.

Ahí está el punto central. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en una discusión de nombres mientras los médicos siguen esperando las gasas.