Opinión de José Luis Enríquez Ambell

Las fuertes acusaciones de Estados Unidos contra políticos de Sinaloa han polarizado el mapa político en México,- y no sólo en el estado del pacífico,- que ha logrado dividir posturas y enfoques entre la defensa de la soberanía nacional y hasta los llamados de la oposición a investigar acciones de presunta infiltración de células que dicen ser del crimen organizado en las estructuras del gobierno.

El partido Morena es natural que se mueva a partir de una postura del oficialismo o sea, desde el gobierno.

El partido oficialista desde un principio cerró filas en torno al gobernador Rubén Rocha Moya y de los diez funcionarios señalados, argumentando que todas las acusaciones del Departamento de Justicia de USA carecían de las pruebas irrefutables y respondían a una clara maniobra con injerencia política.

Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó – quizá por la asesoría de no expertos – a los Estados Unidos, presentar las evidencias contundentes, e insistiendo en que cualquier investigación tendría que ser conducida institucionalmente por la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior, expone la postura del gobierno mexicano y las tensiones bilaterales – en un primer saque del asunto – a lo que los Gobernadores (as) se unieron de inmediato, y creo fue demasiado rápida y prematura esa aparición.

En ese momento los partidos de oposición a Morena (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), lo llevaron a la utilidad desde el escenario de cuestionamientos en términos de seguridad del bloque gobernante, piso de gobierno que se ha ganado a pulso las calificaciones de los señalamientos y confirmación de un patrón de complicidad, y que fortalecen la exigencia de procesos formales para el desafuero y el juicio político contra los implicados.

Ahora se empezaría a entender la salida del Dr. Juan Ramón de la Fuente de la SRE, pues quizá veía en el horizonte cercano el impacto general en la relación bilateral MÉXICO – EEUU.

Y es que, se observan acciones judiciales en cortes de Nueva York, que han puesto al límite la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, mientras que el gobierno de México busca proteger la autonomía del sistema judicial, pero Washington mantiene una postura firme contra figuras de la política sinaloense, y que podría escalar a otros estados, regiones y pisos de gobierno, pues se habla de más políticos y gobernadores señalados por las autoridades de USA.

Y en todo este asunto, más les vale a los partidos políticos en su conjunto en México, estrechar lazos de solidaridad al amparo de la soberanía, frente a otras posibles acciones de EEUU “extra fronterizos” en contra de figuras mexicanas más allá de Sinaloa.

DE SOBREMESA

Desde el momento que se dijo había un bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de la república, aún cuando también se dijo que no había elementos para desaforar a Rubén Rocha, entre otros, “la acción de bloqueo de cuentas”,
responde a las investigaciones internacionales y presiones del sistema financiero de Estados Unidos, y no necesariamente a una contradicción del gobierno federal, pero haría evidente que lo estarían acorralando al Gobernador con licencia.

Y es que partiendo que la UIF es un organismo técnico del gobierno mexicano y que actúa cuando hay acusaciones de orden judicial a través de este protocolo financiero que evite sanciones o el congelamiento de activos mexicanos en el extranjero por parte del sistema financiero internacional, y esa posible notificación de la UIF se resultar real y cierta, delataría abiertamente que Rocha y sus ex colaboradores están en serios problemas legales.

Lo anterior, a pesar que de origen se pretendió respaldar a Rocha Moya, pero lo cierto es que la cautela no evitará que los involucrados deban aclarar su situación fiscal y legal ante las autoridades competentes, aquí y allá, tarde o temprano.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Un asunto NO menor y que está en la SESVER (sector salud del estado) relacionado a los medicamentos “caducos” para atender a los pacientes del CECAN (Centro Estatal de Cancerología) ojalá no quede en lo mediático sin investigar con seriedad.

Y es que las particularidades de la entidad publica (secretaria de salud), debiera seguir el OIC (órgano interno de control) con lupa todas “las adquisiciones, entregas y movimientos de almacén”, y responsabilizar – en su caso – no con la remoción de los servidores públicos sino con otras acciones legales a quienes pudieron cometer este tipo de acciones contra la vida.

Barbara Galindo, actual titular de la Contraloría General y quien designó a Esmeralda Solano Landa, encargada de la contraloría interna en SESVER, algo se entendería empezaron a actuar en este sentido, pues de lo contrario podrían estar en problemas también.

Y por cierto, en venideros días la Contralora Galindo, tendrá mucho que comunicar a la población veracruzana por concepto de las declaraciones de modificación patrimoniales de los Miles de servidores públicos obligados a presentar durante este mes de Mayo, y saber cómo va el crecimiento o decrecimiento en el patrimonio de la burocracia en el régimen estatal actual.

¡ES CUANTO!

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