Opinión de Luis Alberto Romero

Esta semana, la gobernadora Rocío Nahle. realizó una gira de trabajo por la Sierra de Zongolica, volviendo a poner en la agenda pública a una de las regiones históricamente más rezagadas de Veracruz y del país.

Zongolica es una región con una elevada presencia indígena nahua, donde durante décadas la marginación, la dispersión poblacional y la falta de infraestructura básica limitaron el acceso a servicios, conectividad y oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con cifras oficiales, varios municipios de esta zona han permanecido durante años en la lista de los que presentan mayor rezago social del país, con altos porcentajes de población en pobreza y pobreza extrema, y carencias en servicios básicos.

De ahí la importancia de que el gobierno estatal atienda a este sector de la población.

En Veracruz viven más de 600 mil personas hablantes de lengua indígena, principalmente náhuatl, totonaco, huasteco, popoluca y chinanteco. Muchas de esas comunidades siguen enfrentando problemas relacionados con malas vías de comunicación, a veces caminos de herradura, acceso a salud, educación y movilidad.

Precisamente por ese rezago, cualquier política pública en estas regiones termina midiéndose menos por el discurso y más por la capacidad de ejecución, como en este caso, con la supervisión de programas alimentarios escolares, revisión de obras y anuncios de infraestructura carretera, entre ellos, el arranque de trabajos en la carretera Tequila–Magdalena y la revisión de tramos concluidos o próximos a inaugurarse en municipios como Xoxocotla y Soledad Atzompa.

En regiones serranas, un camino no solo representa movilidad; implica acceso a servicios médicos, al comercio y a la educación; y reducción de tiempos de traslado.

La agenda de la gobernadora Rocío Nahle, por cierto, también alcanzó recientemente a comunidades chinantecas en Tierra Blanca, donde se anunció infraestructura carretera para una población que durante años reclamó mayor presencia gubernamental.

La obra pública en las zonas metropolitanas es vistosa y hace lucir al gobierno, pero la atención a regiones con años de retraso y marginación, con elevados niveles de pobreza, es un acto de justicia y parece que esta administración estatal así lo entiende.

IPE: la seguridad social como derecho fundamental

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz organizó la conferencia magistral “La Seguridad Social como Derecho Fundamental”, impartida por el especialista David Fernández Dávalos, con la participación de más de 170 asistentes entre representantes sindicales y autoridades.

El ponente destacó que la seguridad social es un derecho humano reconocido por la Constitución y tratados internacionales, indispensable para garantizar condiciones de vida dignas.

Señaló que este derecho protege a las personas ante situaciones como la vejez, enfermedad o discapacidad, y advirtió que la falta de acceso a la seguridad social aumenta la desigualdad y la exclusión.

También subrayó que los sistemas de protección social deben regirse por principios de igualdad y suficiencia, con responsabilidad del Estado para garantizar su acceso a toda la población.

El IPE lleva más de 7 años trabajando para asegurar un trato digno a los pensionados, con prestaciones y pagos puntuales, y con una atención de calidad, como se observa en espacios como la Estancia Garnica, en Xalapa; la reserva técnica se maneja con orden, disciplina y transparencia y el portafolio inmobiliario aumenta su valor. Así lo instruyó la gobernadora y así lo hizo Daniela Griego durante su etapa al frente del Instituto, y así lo mantiene su actual director, Octavio Hernández Lara.

@luisromero85