Diana Toro Díaz, señalada como operadora financiera del Cártel de Sinaloa y sancionada por Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, fue detenida en Canadá tras intentar ingresar al país con un pasaporte falso.
De acuerdo con reportes del medio canadiense TVA Nouvelles, la mujer fue arrestada hace más de una semana en el aeropuerto de Montreal-Trudeau y actualmente permanece retenida en un centro migratorio mientras las autoridades definen su situación legal.
Las autoridades canadienses analizan la posibilidad de extraditarla a Estados Unidos, donde es requerida por presuntos vínculos con operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico.
Toro Díaz, de 44 años y con nacionalidades colombiana y mexicana, habría ingresado en varias ocasiones a Canadá utilizando documentos falsificados, según el reporte periodístico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó desde 2010 por formar parte de la estructura financiera encabezada por su esposo, Alejandro Flores Cacho, identificado como piloto y operador de una red multinacional de transporte de drogas ligada al grupo criminal.
Según documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Flores Cacho coordinaba empresas aéreas utilizadas para el trasiego de droga para los líderes criminales Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García antes de sus respectivas capturas.
Las investigaciones estadounidenses también derivaron en sanciones contra varias compañías relacionadas con transporte aéreo y capacitación de pilotos, presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.
Entre las empresas señaladas se encuentran compañías de mantenimiento aeronáutico, servicios de carga aérea y una escuela de aviación ubicada en Cuernavaca, donde supuestamente se entrenaba a pilotos vinculados con el narcotráfico.
La OFAC también identificó una red de empresas fachada vinculadas a Toro Díaz y a Javier Flores Cacho, hermano del piloto, que incluían restaurantes, ranchos ganaderos, negocios agrícolas y tiendas comerciales operando en distintos puntos de México y Colombia.
Las operaciones presuntamente relacionadas con esta estructura financiera se extendían por entidades como Baja California, Ciudad de México, Estado de México y territorio colombiano.
Con información de agencias