Opinión de Miguel Ángel Cristiani G.

En Veracruz no faltan diagnósticos; sobran omisiones.

Más de 150 municipios operan sin atlas de riesgo actualizados. No es un dato menor ni una falla administrativa: es una irresponsabilidad institucional que pone en juego vidas humanas. Y lo más grave no es la carencia, sino la normalización de esa carencia como si fuera parte del paisaje burocrático.

La propia secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, ha reconocido el vacío. Lo dijo sin rodeos: no existe un mecanismo para obligar a los ayuntamientos a cumplir. Traducido al lenguaje ciudadano, significa que la prevención en Veracruz depende de la buena voluntad de autoridades locales que, en muchos casos, ni tienen capacidad técnica ni muestran interés político.

Así de crudo.

El estado presume un atlas general de riesgos que, en el papel, ofrece una cobertura integral. Pero en territorio, donde realmente importa, esa información no se traduce en instrumentos operativos. Es como tener el mapa de un incendio sin brigadas que lo apaguen. O peor: como advertir del huracán sin evacuar a nadie.

La paradoja es ofensiva. Se identifican amenazas —inundaciones, deslaves, huracanes—, pero no existen herramientas locales para gestionarlas. Es decir, sabemos dónde va a golpear el problema, pero decidimos no prepararnos.

Y en Veracruz, la historia no perdona la improvisación.

Basta recordar que esta entidad ha sido, por décadas, una de las más vulnerables a fenómenos hidrometeorológicos en el país. No es casualidad ni sorpresa. Es una constante. Por eso, la ausencia de atlas municipales actualizados no puede explicarse como descuido: es negligencia estructural.

Un atlas de riesgo no es un documento decorativo. Es la base para ordenar el crecimiento urbano, definir zonas habitables, prevenir asentamientos irregulares, diseñar rutas de evacuación y establecer protocolos de respuesta. Sin ese instrumento, los municipios quedan a ciegas. Y cuando llega la emergencia, gobiernan con ocurrencias.

Ahí está el verdadero costo: no es político, es humano.

La Ley General de Protección Civil establece con claridad la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la gestión del riesgo. No es opcional. No es sugerencia. Es obligación. Sin embargo, en la práctica, esa corresponsabilidad se diluye en un juego de evasivas donde nadie asume el mando y todos administran la omisión.

El argumento de que no hay mecanismos para obligar a los municipios es, en sí mismo, un síntoma del problema. Porque revela un Estado que reconoce su incapacidad para hacer cumplir la ley. Y un Estado que no puede hacer cumplir la ley, simplemente deja de ser Estado en ese ámbito.

¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde los incentivos? ¿Dónde la política pública que priorice la prevención sobre la reacción? No existen. Lo que hay son exhortos, llamados y discursos. Mucho discurso.

Mientras tanto, los municipios crecen sin orden, se construye en zonas de alto riesgo, se ignoran cauces naturales y se permite que la vulnerabilidad se acumule como una bomba de tiempo. Todo bajo la cómoda ilusión de que el desastre siempre es un evento extraordinario, cuando en realidad es la consecuencia lógica de la desidia.

La protección civil no puede depender del entusiasmo de un alcalde ni de la capacidad improvisada de un cabildo. Requiere institucionalidad, coordinación y, sobre todo, voluntad política para incomodar intereses, frenar desarrollos irregulares y asumir decisiones impopulares pero necesarias.

Hoy, Veracruz está apostando a que el próximo desastre no sea lo suficientemente grande como para evidenciar el tamaño de su abandono. Es una apuesta irresponsable.

Porque cuando el riesgo se materialice —y se va a materializar— no habrá margen para discursos, ni tiempo para justificar lo que no se hizo.

Y entonces, como siempre, la factura no la pagarán los funcionarios.

La pagará la gente.

Porque en Veracruz, la tragedia no es natural: es una consecuencia directa de gobiernos que prefieren simular prevención antes que ejercerla.