Opinión de Luis Alberto Romero

Durante casi dos décadas, 199 municipios de Veracruz tuvieron que destinar parte de sus participaciones federales al pago de una deuda que parecía no tener fin; el compromiso financiero, contratado en 2008 durante la administración de Fidel Herrera, tenía vigencia hasta 2036; sin embargo, el pasado 14 de julio de 2026 quedó liquidado de manera anticipada, luego de las gestiones encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle.

El tema surge hoy a propósito del anuncio sobre el informe de Nahle García, a realizarse el próximo 28 de noviembre; en el tema financiero, probablemente el pago de la deuda de los municipios sea una de las acciones más importantes de este gobierno.

La operación permitió cancelar una obligación que representaba pagos pendientes por 2 mil 266 millones de pesos, pese a que los ayuntamientos ya habían cubierto 2 mil 573 millones; para concretar el cierre se utilizaron mil 085 millones de pesos recuperados de tres cuentas del fideicomiso y una aportación estatal cercana a los 500 millones.

Los municipios no tuvieron que desembolsar un solo centavo.

El origen de este problema se remonta a 2008, cuando 199 de los 212 ayuntamientos veracruzanos recurrieron a la bursatilización de una parte de sus participaciones federales; en aquel momento, el mecanismo les permitió obtener financiamiento; sin embargo, con el paso de los años, terminó por comprometer una parte de sus ingresos y reducir su capacidad para atender las necesidades de la población.

El monto original del financiamiento fue de mil 208 millones de pesos, pero el costo acumulado creció considerablemente. Hasta julio de 2026, los pagos por intereses sumaban mil 837 millones de pesos; además, la deuda estaba vinculada a las Unidades de Inversión (UDIS), cuyo valor se ajusta conforme a la inflación, e incluía sobretasas de interés y descuentos automáticos de las participaciones municipales.

Así, aun después de años de pagos, la obligación seguía vigente y amenazaba con prolongarse por otra década. Terminar con ella requería revisar a fondo el fideicomiso, identificar recursos disponibles y encontrar una fórmula que permitiera cubrir el saldo sin trasladar nuevas cargas a los ayuntamientos.

Esa tarea fue asumida por la administración de Rocío Nahle; a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Miguel Santiago Reyes Hernández, se realizó una revisión financiera que permitió ubicar recursos en tres cuentas del fideicomiso: participaciones, soporte y fondo de reserva. En conjunto, esos fondos reunían mil 085 millones de pesos que no habían sido transparentados a los municipios ni al propio Gobierno estatal.

La recuperación de ese dinero hizo posible replantear la operación y avanzar hacia la liquidación definitiva.

El proceso también implicó negociaciones con las instituciones financieras, coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la conclusión de los trámites jurídicos y administrativos correspondientes. Las gestiones, desarrolladas entre junio de 2025 y julio de 2026, permitieron resolver un asunto que durante años limitó las finanzas municipales.

Con la liquidación, los municipios dejan de enfrentar las retenciones relacionadas con la bursatilización y recuperan el acceso íntegro a las participaciones federales que les corresponden; esto les brinda mayor margen para organizar sus finanzas y decidir cómo atender las necesidades de sus comunidades.

El beneficio no significa que todos los ayuntamientos vayan a disponer de la misma cantidad de dinero ni que los recursos se destinen automáticamente a nuevas obras; representa, en cambio, una oportunidad para planear mejor el gasto público y fortalecer la capacidad de respuesta de cada administración; es decir, se reflejará en pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado, caminos, seguridad y otros servicios públicos.

Veracruz cierra así un capítulo financiero que se extendía hasta 2036; la operación reunió la conducción política de la gobernadora, el trabajo técnico de Sefiplan y la participación de los 199 ayuntamientos involucrados.

En las finanzas públicas, el resultado se refleja en una obligación cancelada y en recursos que dejan de estar comprometidos con su pago; para los municipios veracruzanos, el reto ahora será aprovechar ese margen presupuestario con responsabilidad, transparencia y obras que respondan a las necesidades de sus habitantes.

Lo más importante ahora será cerrar la puerta a nuevos endeudamientos, sobre todo porque los mil 208 millones de pesos que recibieron los gobiernos municipales en 2008 no se tradujeron, en la mayoría de los casos, en obras de beneficio colectivo.

@luisromero85