Diputados de Morena y aliados aprobaron esta madrugada el “Plan B” del presidente López Obrador que reduce áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) y lo obliga a concluir con su reestructura antes del 1 de agosto de 2023.

Con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, se modificó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y Ley Orgánica del Poder Judicial y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora, además de la compactación de áreas, los consejeros del INE y cualquiera de sus funcionarios no podrán percibir remuneraciones superiores a las del presidente; se eliminan dos fideicomisos del Instituto; se establece la posibilidad de que partidos se transfieran votos de una “candidatura común” a través de un “convenio de distribución de votos emitidos” para no perder su registro.

Así también se permite la votación de personas en prisión preventiva desde centros penitenciarios y a las personas con discapacidad desde sus domicilios e infraccionar a quienes incurran en “calumnias” en la difusión de propaganda política y se establece en la obligatoriedad de que diputados y senadores que pretendan reelegirse se separaren del cargo para evitar el uso de recursos públicos.

Los partidos aliados de la llamada 4T incluyeron cambios en el Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que “los partidos políticos con registro nacional vigente conservarán su registro local y obtendrán financiamiento público en la entidad correspondiente, con la sola conservación de su acreditación nacional”.

“Los partidos políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos se establecerán en las legislaciones locales respectivas”.

También, en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se agregó que “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Además, en el artículo 15 se añade que “al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente, esto aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados”.

También ponen limitantes a la paridad de género en candidaturas, al agregar que “se deberán establecer los mecanismos y reglas para realizar los ajustes que, en su caso, deban hacerse en las listas plurinominales una vez concluida la elección por el principio de mayoría relativa. En todo caso, la regla de ajuste se aplicará al partido político que alcance mayor votación, quien, en coordinación con la autoridad administrativa electoral federal o local según sea el caso, determinará de común acuerdo el corrimiento hasta llegar a la paridad mediante una regla de ajuste”.

PRESIONES DE PVEM Y PT

Para cumplir las condiciones del PVEM y el PT, Morena aceptó modificar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformas a diversas leyes secundarias del sistema electoral, en el llamado Plan B.

La iniciativa presidencial con un paquete de cambios a seis leyes en materia electoral, que retomó Morena y se discutió en el pleno con la dispensa de todos los trámites, sin estar previamente publicada en la Gaceta Parlamentaria, habría afectado a sus aliados en el monto del financiamiento y en el reparto de diputados plurinominales.

En una nueva versión de la reforma, PT y PVEM lograron amarrar que se pueda mantener el registro como partidos políticos, aun si no obtienen el mínimo nacional de 3 por ciento, si mantienen el registro local al obtener al menos 3 por ciento de la votación local emitida, en al menos 17 estados del país.

Como parte de las negociaciones, el PT impulsó eliminar el requisito que obliga a los partidos nacionales contar con al menos 3 mil militantes en por lo menos 20 estados o a mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro.

De hecho, la iniciativa incluyó prácticamente todas las propuestas del partido que dirige Alberto Anaya. La bancada había amenazado a Morena con sufragar en contra y el PVEM también; en conjunto cuentan con 74 votos, que la diputación guinda necesitaba para votar el marco electoral.

Como parte de los acuerdos, el PT logró incluir que “los partidos políticos podrán, con cargo a su financiamiento público ordinario, realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores”, aun cuando las disposiciones presupuestales obligan al reintegro a la Tesorería de la Federación.

Otro de los puntos nodales de la iniciativa del PT que se agregó es la figura de convenio de distribución de votos emitidos entre los partidos y que, cuando postulen una candidatura común, en un mismo recuadro de la boleta aparezca el logo o emblema de cada uno. La propuesta original proponía que los partidos aparecieran en la boleta por separado, lo que habría disminuido el número de votos y, por lo tanto, de legisladores en el Congreso.

El nuevo arreglo de Morena con sus aliados retrasó por cuatro horas el inicio de la segunda sesión de ayer, tras el rechazo a la iniciativa constitucional del Presidente.

SE VA AL SENADO… Y A LA SUPREMA CORTE

Previamente se aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas con 267 votos a favor, 221 en contra y cero abstenciones; el cambio más criticado por la oposición fue quitar las sanciones por propaganda electoral, motivo por el INE ha sancionado a personajes como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que ahora no podrá perder su candidatura en caso de abanderar a su partido en la sucesión presidencial.

La oposición intentó frenar la discusión del “Plan B” con cuatro mociones suspensivas, sin embargo, ninguna fue aprobada y finalmente abandonaron el Pleno durante el posicionamiento de Morena, quienes les gritaron “¡traidores!” durante su retirada.

El diputado Chertorivsky advirtió que si el “Plan B” se vota a favor en el Senado de la República recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que les vuelvan a “enmendar la plana”; Jorge Triana, del PAN, también amagó con ir a la Corte luego del aval a la reforma de leyes secundarias.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que Va por México cumplió con no darle la mayoría calificada a la iniciativa constitucional del Presidente y anticipó que, si la propuesta de legislación secundaria viola la Carta Magna, se presentarán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Casi a la una de la mañana, la oposición abandonó en bloque el recinto, luego de advertir que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso amagó con recurrir a instancias internacionales.

La minuta fue enviada al Senado de la República para análisis y votación.

Con información de El Sol de México, El Financiero y La Jornada