Un tribunal federal rechazó amparar al testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Antonio Tarek Abdalá Saad, quien buscaba tumbar dos órdenes de aprehensión que hay en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y abuso de autoridad, que supuestamente fueron cometidos cuando Javier Duarte era gobernador de Veracruz.

Por unanimidad, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el fallo de juez de primera instancia que negó el amparo al quejoso.

El ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación fue pieza clave para llevar a prisión y sentenciar al ex gobernador. Actualmente, es prófugo de la justicia en Veracruz, pero goza de la protección de la FGR.

El último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le otorgó un criterio de oportunidad, evitando así que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, a pesar de que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.

Tarek Abdalá pretendía echar abajo las órdenes de captura, pero el magistrado ponente Fernando Córdova del Valle propuso a sus homólogos negar la protección de la justicia, propuesta que fue avalada.

Los magistrados dijeron que el tema de la prescripción de los delitos, el cual alegó Antonio Tarek en su demanda, debe ser analizado por los propios jueces de control, una vez que el ex funcionario sea presentado en audiencia.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló al ex secretario, junto con otros ex funcionarios, de probablemente disponer de 2 mil 300 millones de pesos con lo que se dejó de proveer de elementos de salud a los veracruzanos.

También, porque como tesorero hizo uso de 303 millones 915 mil 816 pesos retenidos al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, para un fin distinto al que estaban destinados, pues ordenó que se transfirieran a una cuenta única de la Tesorería destinada a la administración de los recursos públicos estatales para gasto corriente.

Las órdenes de captura fueron libradas el 4 y 6 de septiembre de 2018, por Ihali Patricia Armas Márquez y Mónica Segovia Jácome, ambas juezas de control en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

Los mandamientos fueron solicitados por los fiscales Cuarto y Octavo, ambos especializados en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos.

Tarek Abdalá aseguró que no tuvo que ordenar su aprehensión porque pudo ser citado a comparecer para conocer las imputaciones para emprender su defensa.

Sin embargo, la jueza Ihali Patricia Armas señaló que se acreditaba la necesidad de cautela, porque el 15 de junio de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado lo invitó a comparecer, cuando era diputado federal, pero no asistió.

“Por lo que al haber terminado dicho encargo y en consecuencia dejó de tener fuero, además de conocer de la existencia del expediente de referencia y la calidad que tiene, existía de manera fundada la posibilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia dejando imposibilitada a la fiscalía para iniciarle el proceso penal”, indicó la juzgadora.

Por su parte, la jueza Mónica Segovia comentó que se desconocía el paradero de Tarek Abdalá.