Opinión de Luis Alberto Romero
Las familias que perdieron parte de su patrimonio por las lluvias de octubre de 2025 en el norte de Veracruz por fin cuentan con un nuevo marco de referencia para acceder al apoyo extraordinario del Gobierno Federal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó el pasado 15 de octubre en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan la operación de este programa.
El acuerdo, firmado por la secretaria Edna Elena Vega Rangel, establece las reglas para entregar un apoyo económico único a hogares afectados en Veracruz, Hidalgo y Puebla; el propósito es contribuir a recuperar condiciones básicas de bienestar y, al mismo tiempo, facilitar que las familias expuestas a riesgos permanezcan o se establezcan en lugares más seguros.
El acuerdo fue publicado un año después del desastre; la disposición responde a las consecuencias de las precipitaciones extraordinarias registradas en octubre del año pasado, que provocaron inundaciones, deslaves e inestabilidad del terreno; en el norte veracruzano, municipios como Poza Rica, Álamo Temapache, Ilamatlán, Gutiérrez Zamora y Tuxpan enfrentaron daños en viviendas, caminos, puentes y actividades productivas, además de pérdidas humanas.
La emergencia dejó comunidades incomunicadas y familias que un año después, todavía necesitan recuperar sus condiciones de vida.
De acuerdo con la SEDATU, el programa se instrumentará mediante el presupuesto federal destinado a la atención de desastres por fenómenos naturales; los recursos se entregarán en tres ministraciones, conforme a los mecanismos previstos para apoyar a los hogares beneficiarios.
Sin embargo, la publicación de los lineamientos no significa que todas las personas afectadas recibirán automáticamente el dinero; cada caso deberá cumplir los requisitos y criterios establecidos, además de acreditar las condiciones necesarias para acceder al beneficio. La dependencia también precisó que las actividades realizadas previamente para identificar familias, integrar expedientes y verificar información no generan, por sí solas, el derecho a recibir el apoyo.
El documento establece que las acciones se desarrollarán en coordinación con los gobiernos estatales y municipales; también señala que la ejecución dependerá de la disponibilidad de los recursos autorizados y del cumplimiento de las disposiciones presupuestarias y administrativas aplicables.
Más allá del apoyo económico, la disposición reconoce un problema que quedó al descubierto con las inundaciones: numerosas familias habitan en zonas vulnerables a fenómenos naturales; por ello, la recuperación también requiere medidas para reducir la exposición de la población a futuras emergencias; es una medida que las autoridades ya instrumentaron, con el proceso de reubicación.
En Veracruz, la reconstrucción no se limitó a la reparación de viviendas, caminos y puentes; también implica la recuperación de empleos, la reactivación del comercio y el campo y la atención de las necesidades de quienes perdieron sus bienes; en ese tema, el apoyo del gobierno federal y estatal a los damnificados estuvo presente desde que comenzaron a desbordarse los cuerpos de agua; de hecho, el gobierno veracruzano prácticamente trasladó su centro de operaciones a las zonas más afectadas.
Al final, la ayuda federal representa un mecanismo para atender parte de esas necesidades, pero la recuperación total será un proceso prolongado.
@luisromero85