La guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado a la población civil en el centro de una crisis que, de acuerdo con una misión independiente de Naciones Unidas, involucra tanto posibles violaciones al derecho internacional humanitario como graves abusos cometidos por las autoridades iraníes.
En un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una misión integrada por tres expertos señaló que existen “motivos razonables” para considerar que Estados Unidos habría cometido crímenes de guerra durante dos ataques realizados el 28 de febrero, al comienzo de las hostilidades contra Irán.
Los casos analizados corresponden a bombardeos registrados en Minab y Lamerd, en el sur del territorio iraní.
Uno de los episodios más graves ocurrió en Minab, donde un ataque contra una escuela provocó la muerte de más de 150 personas, entre ellas alrededor de 120 menores, según la investigación.
La misión sostuvo que el ataque habría sido indiscriminado y ocasionó muertes y lesiones entre la población civil, además de daños a bienes de carácter civil.
Los expertos también cuestionaron la actuación de las fuerzas estadounidenses al considerar que habrían realizado el ataque teniendo conocimiento de que existía un riesgo considerable de afectar a civiles.
Ataque en Lamerd también es señalado por la ONU
El segundo caso analizado ocurrió en una zona poblada de Lamerd, donde un bombardeo alcanzó un centro deportivo, una escuela primaria y edificios residenciales.
El saldo reportado fue de al menos 22 personas fallecidas.
Según el informe, en este ataque se utilizó un misil PrSM que dispersó aproximadamente 180 mil fragmentos de tungsteno sobre una zona extensa. La misión consideró que, bajo las circunstancias del ataque, el arma no podía dirigirse exclusivamente contra un objetivo militar ni limitar sus efectos sobre la población civil.
Para los investigadores, ambos casos deben analizarse a la luz de las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario, particularmente las normas destinadas a proteger a la población civil durante los conflictos armados.
La investigación también documenta la represión en Irán
El informe de Naciones Unidas también aborda hechos ocurridos dentro de Irán antes del inicio de la guerra.
La misión concluyó que diversas violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las protestas de finales de 2025 y principios de 2026 podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Entre los actos documentados se encuentran asesinatos, encarcelamientos, torturas y otros actos considerados inhumanos contra población civil.
De acuerdo con los investigadores, las fuerzas de seguridad iraníes recurrieron de manera generalizada a la fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, incluidos menores de edad.
La misión señaló que al menos 221 niños murieron durante la represión.
También documentó detenciones a gran escala y denunció que en hospitales se produjeron casos de uso innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra pacientes, trabajadores sanitarios y familiares.
Otro de los señalamientos apunta a restricciones que habrían impedido a manifestantes acceder a atención médica, incluso en situaciones que requerían tratamientos urgentes.
Persisten diferencias sobre el número de víctimas
La cifra de personas fallecidas durante la represión también es objeto de controversia.
Las autoridades iraníes informaron que 3 mil 117 personas murieron durante dos jornadas particularmente violentas, los días 8 y 9 de enero.
Sin embargo, la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que el número de víctimas supera las 7 mil personas.
La misión de la ONU no estableció una cifra total definitiva de fallecidos durante el conjunto de las protestas, pero sí documentó la magnitud de la violencia y sus efectos sobre la población civil.
Aumentan las ejecuciones tras las protestas
El informe también advierte sobre el incremento en la aplicación de la pena de muerte contra personas vinculadas con las manifestaciones.
Entre marzo y agosto, al menos 29 hombres fueron ejecutados después de procesos judiciales acelerados por su participación en las protestas, según la misión.
Además, alrededor de 70 personas permanecerían en riesgo de ser ejecutadas.
Los investigadores expresaron preocupación por estos procedimientos y por las condiciones en las que se desarrollaron los juicios contra los manifestantes.
ONU pide detener las violaciones y reparar a las víctimas
Ante este escenario, la misión de investigación sostiene que los civiles iraníes se encuentran expuestos a dos situaciones simultáneas: los abusos atribuidos al Gobierno de Irán y los efectos del conflicto armado con Estados Unidos e Israel.
Por ello, pidió a los gobiernos iraní y estadounidense poner fin a las violaciones de derechos humanos, adoptar medidas para evitar que vuelvan a ocurrir y garantizar reparaciones para las víctimas y las partes afectadas.
El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los señalamientos podrán formar parte del seguimiento internacional sobre la situación de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional durante el conflicto.
Con información de EFE