A días de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fuera sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, el Gobierno de México informó que hasta el momento no ha identificado propiedades registradas directamente a nombre del narcotraficante en territorio nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas no han permitido localizar inmuebles o cuentas que estén a nombre del capo de manera directa. Sin embargo, señaló que sí se han asegurado numerosos activos relacionados con organizaciones criminales presuntamente vinculadas con su estructura.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Toluca, Estado de México, el funcionario detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha intervenido cuentas bancarias y propiedades relacionadas con grupos delictivos.
La diferencia entre los bienes registrados directamente a nombre de Zambada y aquellos vinculados con organizaciones criminales se encuentra ahora en el centro de la atención, particularmente después de la resolución emitida por una corte estadounidense, que además de imponerle una condena de cadena perpetua ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares.
De acuerdo con la información disponible, la defensa legal del narcotraficante también ha sostenido que las autoridades estadounidenses no localizaron propiedades a su nombre, mientras que su abogado, Frank Pérez, afirmó que la cantidad fijada para el decomiso resulta imposible de cubrir.
Ante este escenario, el Gobierno mexicano abrió una nueva línea de análisis. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República revisar el caso y determinar si existen elementos que permitan a México reclamar parte de los recursos contemplados en la resolución judicial estadounidense.
La revisión podría centrarse en determinar el origen y la ubicación de posibles activos relacionados con actividades delictivas, así como establecer si existen bienes que puedan estar sujetos a procesos legales en México.
El tema adquiere especial relevancia debido a que, de acuerdo con García Harfuch, las autoridades mexicanas sí han logrado asegurar una cantidad considerable de cuentas e inmuebles vinculados con organizaciones criminales. Esto plantea un escenario en el que la investigación patrimonial no necesariamente se limita a localizar propiedades bajo el nombre de una persona, sino que también contempla estructuras financieras y empresariales utilizadas por grupos delictivos.
Mientras tanto, el Gobierno de México mantiene una postura cautelosa frente a la sentencia dictada en Estados Unidos y a las circunstancias en las que ocurrió la captura de Zambada en 2024.
Sheinbaum ha señalado que existen elementos que apuntan a la participación de autoridades estadounidenses en la operación mediante la cual el capo fue trasladado a ese país, por lo que ha insistido en la necesidad de contar con mayor información sobre lo ocurrido.
La mandataria también se ha referido al mensaje atribuido a Zambada tras conocer su sentencia, en el que llamó a terminar con la violencia en México. Al respecto, la Presidenta expresó reservas sobre el alcance de este pronunciamiento y evitó emitir una valoración personal sobre el llamado.
Con la sentencia ya dictada en Estados Unidos, la atención se concentra ahora no solo en el futuro jurídico del antiguo líder criminal, sino también en el destino de los recursos y activos que pudieran estar relacionados con su organización.
En México, la información oficial apunta a que no se han encontrado propiedades registradas directamente a su nombre, aunque continúan los aseguramientos de cuentas e inmuebles vinculados con organizaciones criminales. A ello se suma la revisión solicitada por el Gobierno federal para determinar si existen bienes o recursos sobre los cuales el Estado mexicano pueda ejercer alguna acción legal.
El caso abre así una nueva etapa en la investigación financiera de las estructuras del narcotráfico, donde el seguimiento del patrimonio y el aseguramiento de activos se convierten en herramientas fundamentales para debilitar las redes económicas de las organizaciones criminales.
Con información de EFE