Opinión de Luis Alberto Romero

A la población de Coatzacoalcos preocupa la dependencia de la presa Yuribia para asegurar el abasto de agua, y la postura de los ejidatarios de Tatahuicapan de convertir al ayuntamiento en rehén de sus demandas.

En días pasados, ejidatarios de Tatahuicapan convocaron a los alcaldes de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán a una reunión para pedir cuentas sobre el uso de los recursos que reciben por la presa Yuribia, ya que aseguran que no se están destinando a obras necesarias para la comunidad.

Los campesinos, que dicen representar a unos 900 ejidatarios, acusaron posibles malos manejos y advirtieron que, si no obtienen respuestas, podrían suspender el suministro de agua a estas ciudades, como ha ocurrido en años anteriores.

La reunión convocada por el grupo de ejedatarios fue programada para este domingo en la comisaría ejidal.

Después de dicha convocatoria, el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Veracruz, llamó a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones en el suministro de agua, ante la amenaza del cierre de las válvulas.

El diputado, representante del distrito de Cosoleacaque, recordó que el cierre del suministro no es la solución y podría tener consecuencias legales, además de reiterar el llamado de la gobernadora Rocío Nahle García para no afectar el abasto de agua.

El tema fue abordado por el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García, quien en su conferencia de prensa de este viernes rechazó acudir a la reunión y advirtió que cerrar la presa Yuribia sería un delito, al considerarlo un acto de sabotaje; y no le falta razón.

El edil aseguró que desconoce los supuestos apoyos económicos señalados por los inconformes y afirmó que cada municipio maneja de forma autónoma sus recursos. Asimismo, respaldó la postura de la gobernadora Rocío Nahle García sobre las consecuencias legales de estas acciones y sostuvo que este tipo de presiones no son la vía para resolver el conflicto.

En los años recientes, la presa Yuribia y la amenaza de cierre de sus válvulas han servido a un grupo de ejidatarios de Tatahuicapan para exigir y obtener recursos económicos de los anteriores gobiernos estatales y municipales de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque; es algo así como un “me das dinero o te dejo sin agua”.

Prácticamente todos los gobiernos anteriores han cedido; hoy, sin embargo, la posición de las administraciones de Rocío Nahle en el Estado y de Pedro Miguel Rosaldo en Coatzacoalcos podría poner fin a esas prácticas.

De forma reciente, por cierto, el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunciaron una inversión superior a 12 mil millones de pesos para mejorar el abasto de agua, drenaje y saneamiento en la entidad, particularmente en la zona sur.

Entre las obras anunciadas destaca el Acueducto La Cangrejera, en Coatzacoalcos, con una inversión de 3 mil millones de pesos, que busca duplicar el suministro de agua y garantizar el servicio por al menos 30 años, ante el deterioro del sistema actual.

Sobre ese asunto, el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, anunció que en 2026 se ejecutarán más de 70 obras con recursos federales, con un presupuesto superior a 563 millones de pesos.

El edil destacó que se destinarán alrededor de 110 millones a seguridad pública, mientras que el 44% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se invertirá en obra hidráulica para atender rezagos históricos que enfrenta este municipio.

Pedro Miguel Rosaldo resaltó el proyecto del acueducto desde el río Uxpanapa, que permitirá garantizar el abasto de agua potable y reducir la dependencia de la presa Yuribia.

Ayuntamiento de Veracruz, con el control de los servicios básicos

Uno ya no sabe si es cinismo o memoria selectiva, pero resulta difícil pasar por alto que Fernando Yunes Márquez ahora hable de “riesgos” por revisar el contrato de alumbrado con Wardenclyffe, cuando se trata de un esquema que durante su gestión se modificó y se encareció de forma significativa: de 450 millones de pesos iniciales a más de 1.220 millones pagados y compromisos que alcanzan los 2.800. No es un tema nuevo ni una interpretación política reciente, son cifras ya conocidas y decisiones ya tomadas.

El punto es que estamos hablando de la ciudad de Veracruz, donde el problema del alumbrado público no es menor ni teórico, sino visible en distintas zonas y sostenido en el tiempo por un modelo contractual que limita la capacidad de maniobra del municipio. La actual administración ha tenido que operar dentro de esas condiciones, con un servicio que no siempre responde y con un margen reducido para corregir de fondo sin revisar lo firmado.

Por eso el Cabildo de Veracruz tomó una decisión ya en curso: la requisa del servicio, aprobada y sujeta a proceso legal, no como ruptura improvisada sino como intento de recuperar control sobre un servicio básico. En ese contexto, que hoy se advierta sobre “riesgos” por revisar el contrato suena más a defensa del esquema existente que a preocupación real por la ciudad, sobre todo cuando los números y las decisiones que lo originaron siguen siendo parte del expediente público y en ellos, está tu firma. Pues sí, por eso el descaro de salir a hablar aunque se diga que le lamió la cara el perro.

@luisromero85