Una presunta estructura empresarial que durante casi una década obtuvo contratos millonarios para fabricar y suministrar materiales electorales quedó bajo investigación de las autoridades federales, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificara posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas por organismos electorales de distintas entidades del país.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, presentó los resultados de una investigación que apunta a empresas relacionadas con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, las cuales habrían acumulado contratos públicos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.

El análisis, elaborado a partir de información de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, documentó que las compañías participaron en procesos de contratación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tanto en administraciones anteriores como en años recientes.

De acuerdo con los datos expuestos, entre 2015 y 2023 obtuvieron adjudicaciones superiores a los 2 mil 94 millones de pesos en 23 entidades. Posteriormente, durante 2024 y 2025, la actividad continuó en otros procesos de contratación en 15 estados, con recursos por 646.3 millones de pesos.

Una estructura empresarial con presencia en el sector electoral

Las investigaciones ubican los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la administración pública federal, donde comenzaron a desempeñarse durante la década de 1980, en áreas de la Secretaría de Gobernación y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Su incursión como proveedores electorales se remonta a 1999, cuando comenzaron a operar mediante Cartonera Plástica. Con el paso de los años, el grupo habría ampliado su presencia a través de distintas razones sociales.

Entre las compañías mencionadas en el informe se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.

La Secretaría también señaló que parte del control corporativo habría sido trasladado a familiares de los presuntos operadores, principalmente hijos y cónyuges, quienes aparecerían vinculados con las empresas.

Licitaciones bajo sospecha

Uno de los principales señalamientos de la investigación es la posible simulación de competencia en las licitaciones públicas.

Según los hallazgos presentados, distintas compañías relacionadas entre sí habrían participado en los mismos concursos para aparentar que existían varios competidores independientes, aunque presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para favorecer a determinados proveedores.

A esto se suman observaciones sobre empresas que no contaban con personal registrado ni con infraestructura técnica suficiente para desarrollar las actividades por las que recibían recursos públicos.

Las autoridades también identificaron coincidencias en domicilios y números telefónicos entre algunas de las sociedades investigadas.

Rastrean transferencias y posibles prestanombres

Otro de los componentes del esquema bajo investigación tiene que ver con el destino del dinero obtenido mediante los contratos electorales.

Los análisis del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron presuntas operaciones de dispersión de recursos hacia una cadena de empresas secundarias, lo que habría dificultado conocer quiénes eran los beneficiarios finales.

En estas operaciones también se habrían utilizado prestanombres e identidades simuladas. Entre las personas detectadas en los registros habría individuos de apenas 18 años y adultos mayores de hasta 96 años.

Las indagatorias buscan determinar si estas operaciones estuvieron relacionadas con facturación simulada y posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.

¿Qué autoridades pueden intervenir?

Buenrostro explicó que, al tratarse de organismos electorales autónomos, la revisión de las posibles responsabilidades administrativas corresponde a instancias como los órganos internos de control, el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Mientras tanto, el SAT y la UIF continúan con sus respectivas investigaciones financieras y fiscales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por su parte, analizará medidas para impedir que mecanismos similares sean utilizados en las contrataciones de la Administración Pública Federal.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a hallazgos e investigaciones presentados por las autoridades, por lo que las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

Con información de agencias