Opinión de Luis Alberto Romero
El Ayuntamiento de Veracruz presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Grupo MAS por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa; el gobierno municipal busca esclarecer presuntas irregularidades financieras que podrían haber afectado los recursos públicos y los derechos de miles de usuarios del servicio de agua potable.
La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo sostuvo que su administración no permitirá abusos contra las familias veracruzanas ni afectaciones al patrimonio municipal; afirmó que continuará utilizando las vías legales para determinar responsabilidades y exigir que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas en su concesión.
Entre los hechos que se solicita investigar se encuentran pagos por 176.7 millones de pesos durante 2024 y 2025 por servicios a empresas vinculadas con la española ACCIONA, además de percepciones anuales de hasta 5.8 millones de pesos entre directivos de la concesionaria.
Otro de los puntos de la denuncia es la cartera de 2 mil 660 millones de pesos que Grupo MAS pretendía cobrar a más de 82 mil familias; el Instituto Metropolitano del Agua rechazó la solicitud ante inconsistencias y falta de elementos para acreditar la exigibilidad de esos adeudos.
De esa cantidad, más de 656 millones de pesos correspondían a supuestos consumos no facturados; también se identificaron cuentas con problemas de antigüedad, posible prescripción y recargos, por lo que el Ayuntamiento solicitó investigar cómo se integraron los montos y quiénes autorizaron los cobros.
En Veracruz, Grupo MAS se ha convertido en una letrina de la cual brotan incontables irregularidades; por ello, la dirección municipal de Asuntos Legales pidió peritajes contables y financieros, revisión de contratos e información fiscal para determinar si existieron daños y quiénes serían responsables; además, solicitó considerar las observaciones derivadas de las auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
El caso se suma a los resultados de la auditoría presentada por el organismo fiscalizador en septiembre pasado, que identificó 52 observaciones relacionadas con la operación de Grupo MAS entre 2022 y 2026; de ellas, 45 fueron de carácter técnico, tres financieras y cuatro de legalidad.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentra una diferencia de 20.7 millones de pesos en pagos por arrendamiento, deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y falta de documentación suficiente para acreditar la calidad del agua; el ORFIS también reportó incumplimientos relacionados con las inversiones comprometidas y la ausencia de un fideicomiso de garantía.
A estos señalamientos se suma la negativa de Grupo MAS a participar en el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, con lo que rechazó aportar 62.2 millones de pesos que habrían permitido integrar una bolsa de 124.4 millones para obras de agua y saneamiento en el puerto.
Por si fuera poco, el Ayuntamiento ha reportado hundimientos, socavones, fugas y daños en las redes hidrosanitarias; hasta septiembre, 293 de los 646 reportes generados durante el año permanecían sin atender, con afectaciones distribuidas en más de 70 colonias y fraccionamientos.
La denuncia penal representa un nuevo frente en la revisión de la concesión que Grupo MAS mantiene desde 2015.
Hernández Espejo reiteró que su gobierno mantendrá la defensa del patrimonio municipal y del derecho de la población a recibir un servicio de agua digno; aseguró que no desistirá hasta esclarecer las posibles irregularidades y llevar los procedimientos legales hasta sus últimas consecuencias.
@luisromero85