Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La medida quedó respaldada por 22 congresos locales, con lo que se cumplió el requisito previsto por el artículo 135 constitucional para concretar una reforma de esta naturaleza. Entre las legislaturas que aprobaron el cambio se encuentra la de Veracruz, además de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el objetivo es que, a partir de 2028, quienes pretendan ocupar alguno de estos cargos cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana.
La reforma fue impulsada por la propia mandataria y modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ejercer la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la capital del país.
No se elimina la doble nacionalidad para todos los mexicanos
Uno de los principales alcances de la reforma es que no se prohíbe a la población mexicana tener doble nacionalidad.
La modificación establece una condición específica para quienes aspiren a los cargos ejecutivos señalados: si una persona cuenta con otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La propuesta legislativa también contempla que, una vez en el cargo, no se podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. El texto incluye además restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, así como el ejercicio de determinados derechos políticos ante autoridades extranjeras.
La medida comenzará a aplicarse en 2028
Aunque el decreto entrará en vigor conforme a las disposiciones constitucionales una vez publicado, sus nuevas reglas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.
Esto significa que la modificación tendrá efectos en las futuras candidaturas a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mientras que las personas que actualmente ocupen alguno de esos cargos no quedarán sujetas a las nuevas disposiciones por el solo hecho de que la reforma entre en vigor.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que todavía será necesario desarrollar las disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento mediante el cual deberán realizarse las renuncias a otras nacionalidades y las autoridades que intervendrán.
Reforma deberá armonizarse con leyes electorales
Además del cambio constitucional, el Congreso de la Unión tendrá que realizar adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral, mientras que las entidades federativas deberán armonizar sus respectivas constituciones y normas electorales.
El proceso legislativo contempla un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto para realizar dichas adecuaciones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores también tendrá participación en el procedimiento relacionado con la renuncia a una nacionalidad extranjera, de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por la Consejería Jurídica.
Publicación en el Diario Oficial
Tras la firma de la presidenta, se prevé que el decreto sea publicado este miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, con lo que concluiría el proceso formal de promulgación de la reforma.
La iniciativa fue presentada por Sheinbaum en agosto pasado. En ese momento, el Gobierno federal explicó que la propuesta buscaba establecer que quienes aspiraran a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno fueran únicamente mexicanos, bajo el argumento de garantizar que el interés nacional estuviera por encima de cualquier otro.
La reforma, sin embargo, generó posiciones encontradas durante su discusión legislativa. Algunos legisladores cuestionaron sus alcances y advirtieron sobre posibles implicaciones para personas con doble nacionalidad.
Con información de agencias