Ciudad de México., 2 de septiembre de 2026.- El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó una actualización a las reglas de inversión extranjera con el objetivo de fortalecer la revisión de operaciones que puedan tener impacto en sectores considerados estratégicos para México.
La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera propone ampliar la participación de instituciones vinculadas con la seguridad nacional dentro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), particularmente cuando capital extranjero busque adquirir más del 49 por ciento de una empresa mexicana bajo determinadas condiciones.
La propuesta incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como integrantes permanentes de la Comisión, con voz y voto.
El planteamiento busca que las decisiones sobre determinadas inversiones no solamente consideren sus efectos económicos, sino también posibles implicaciones para la seguridad nacional, especialmente en actividades relacionadas con infraestructura y tecnologías consideradas críticas.
Mayor atención a sectores estratégicos
Entre las áreas que podrían quedar bajo una revisión más amplia se encuentran energía, transporte, comunicaciones, minería, infraestructura, almacenamiento de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías aeroespaciales, biotecnología y robótica, entre otras.
También se contempla analizar operaciones relacionadas con el suministro de insumos fundamentales, seguridad alimentaria y acceso a información sensible.
Con este esquema, la administración federal busca contar con mayores elementos para identificar oportunamente operaciones que pudieran representar riesgos para infraestructura crítica o actividades relevantes para el funcionamiento del país.
La iniciativa establece que, por razones de seguridad nacional, determinadas adquisiciones que superen el 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana deberán obtener una resolución favorable de la Comisión, siempre que también cumplan con el supuesto relativo al valor de sus activos y pertenezcan a alguno de los sectores contemplados.
La propuesta todavía será discutida
Uno de los aspectos importantes es que se trata de una iniciativa y no de una disposición que ya se encuentre vigente, por lo que su contenido todavía deberá ser analizado dentro del proceso legislativo.
Entre los puntos que tendrán que definirse se encuentra el monto de activos que determinará qué operaciones deberán pasar por este procedimiento, así como los criterios específicos para establecer cuándo una inversión puede representar una amenaza para la seguridad nacional.
La propuesta también plantea que otras instituciones especializadas, como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, participen de manera permanente en la Comisión, aunque con voz y sin voto.
Esto permitiría incorporar información fiscal, financiera, de inteligencia y de seguridad a las evaluaciones de determinadas operaciones de inversión.
Seguridad y desarrollo, en el centro del debate
La iniciativa abre así una discusión sobre cómo fortalecer la protección de sectores estratégicos sin afectar la llegada de capital extranjero que contribuya al crecimiento económico.
Especialistas consultados han señalado que será importante establecer criterios claros, transparentes y proporcionales para la aplicación de las nuevas reglas, particularmente para ofrecer certeza a las empresas que analicen invertir en México.
En ese sentido, el proceso legislativo tendrá un papel relevante para precisar los alcances de la reforma y definir mecanismos que permitan combinar la protección de los intereses nacionales con la certeza jurídica necesaria para mantener atractivo al país como destino de inversión.
El Gobierno federal plantea con esta modificación actualizar el marco jurídico frente a un escenario en el que tecnologías como la inteligencia artificial, los semiconductores, la ciberseguridad y el manejo de grandes volúmenes de información tienen cada vez mayor importancia económica y estratégica.
La propuesta busca, en última instancia, que México cuente con herramientas adicionales para evaluar inversiones de gran impacto y proteger sectores considerados fundamentales para su desarrollo y seguridad.
Con información de agencias