El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano luego de que un juez consideró que existen elementos para continuar la investigación en su contra por desaparición forzada de personas.
La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sumó un nuevo capítulo con la vinculación a proceso de Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014.
La decisión judicial no representa una sentencia en contra del exmandatario, pero sí permite que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe formalmente con la investigación bajo la acusación de que Aguirre habría tenido participación en el manejo de información y evidencia relacionada con lo ocurrido en Iguala.
El juez de control Mario Elizondo Martínez determinó además que el exgobernador permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
La FGR dispone ahora de cuatro meses para desarrollar la investigación complementaria y presentar nuevos elementos ante el órgano jurisdiccional.
Los videos que están en el centro de la acusación
El punto que concentra buena parte de la investigación está relacionado con material de videovigilancia obtenido en Iguala después de la desaparición de los estudiantes.
La Fiscalía sostiene que Aguirre pudo haber tenido conocimiento de grabaciones consideradas relevantes para reconstruir los movimientos de los normalistas durante aquella noche y que posteriormente habría intervenido en su manejo.
Entre los registros que forman parte de la investigación están los correspondientes a cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
Para la FGR, esas imágenes tienen especial importancia porque presuntamente muestran la intervención de policías municipales y estatales en uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes, identificado con el número 1531 de Estrella de Oro.
La hipótesis ministerial también contempla la posible destrucción u ocultamiento de esas grabaciones, por lo que las nuevas diligencias buscan establecer quién tuvo acceso al material, qué ocurrió con él y cuál habría sido la intervención de funcionarios estatales.
Frente a la acusación, los abogados del exgobernador presentaron 31 datos de prueba durante una audiencia que se prolongó por más de 15 horas. La defensa incorporó documentos oficiales, información periodística y testimonios de antiguos integrantes de la administración estatal.
Entre quienes declararon se encuentran Jesús Martínez Garnelo, exsecretario de Gobierno de Guerrero, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien ocupó la coordinación general de Seguridad y Transporte Aéreo del estado.
Los testimonios fueron utilizados para sostener que Aguirre no se encontraba en Guerrero en el momento en que, de acuerdo con la acusación, habría recibido las grabaciones y dado instrucciones relacionadas con ellas. La defensa afirma que el exmandatario estaba en la Ciudad de México.
También busca demostrar que Aguirre no estuvo en las reuniones de seguridad celebradas el 30 de septiembre de 2014, en las que presuntamente se habría hablado sobre el destino de los videos.
La investigación entra en una nueva etapa
Uno de los puntos que deberá esclarecerse durante los próximos meses es qué ocurrió el 29 y 30 de septiembre de 2014.
La Fiscalía ubica el 29 de septiembre como una fecha relevante para su hipótesis sobre la recepción de las grabaciones, mientras que la defensa intenta demostrar que Aguirre no se encontraba en Chilpancingo y que, por ello, no pudo haber participado en los hechos que se le atribuyen.
La confrontación de ambas versiones será parte de la investigación complementaria, para la cual la FGR cuenta con un plazo de cuatro meses.
Aguirre fue detenido el 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, como resultado de las nuevas diligencias emprendidas por la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa.
La investigación busca establecer no sólo qué ocurrió con los 43 estudiantes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sino también qué hicieron las autoridades posteriormente y si información relevante fue ocultada, manipulada o destruida.
Durante la audiencia estuvieron presentes 13 madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
Con la vinculación a proceso, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación mientras la defensa continuará aportando elementos para intentar demostrar que el exgobernador no tuvo participación en el supuesto manejo o destrucción de las grabaciones.
Con información con agencias