Las escuelas que actualmente operan bajo esquemas militarizados en México tendrán que modificar su modelo educativo si buscan continuar ofreciendo servicios de enseñanza, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinara que esta figura no tiene reconocimiento dentro de la legislación educativa vigente.
La medida implica que los planteles que utilizan conceptos, prácticas o contenidos asociados con la formación castrense deberán iniciar un proceso de regularización y adecuación de sus programas, con el propósito de incorporarse a un modelo educativo compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).
El tema cobró especial relevancia después de la muerte de una adolescente de 13 años durante un curso de verano realizado en un centro con características militarizadas en Tamaulipas, hecho que puso nuevamente bajo la lupa las condiciones en las que algunas instituciones privadas desarrollan actividades de disciplina y formación dirigidas a menores de edad.
Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dejó claro que la denominación de escuela militarizada no forma parte del sistema educativo mexicano.
Tendrán que modificar planes y prácticas
La determinación de la SEP no significa, de acuerdo con las autoridades, el cierre automático de todos los planteles que actualmente funcionan bajo este tipo de esquema.
La alternativa planteada es que las instituciones puedan regularizarse, siempre que abandonen el enfoque militar y realicen los cambios necesarios en sus planes de estudio, métodos de enseñanza y funcionamiento.
El objetivo es que la formación de los estudiantes se desarrolle bajo principios relacionados con los valores cívicos y ciudadanos, la cultura de paz, el respeto, la empatía y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, los planteles deberán eliminar de sus programas y actividades cualquier elemento que implique una formación propiamente militar, al tiempo que tendrán que demostrar que cumplen con las disposiciones educativas establecidas por la autoridad.
La SEP sostiene que el propósito de esta medida no es reducir las alternativas que tienen las familias para elegir dónde estudiar, sino garantizar que todas las instituciones educativas funcionen dentro de un marco legal común y bajo condiciones que prioricen el desarrollo integral de los estudiantes.
Revisarán permisos y registros
Como parte del proceso, las autoridades educativas estatales deberán revisar las autorizaciones, registros y condiciones de operación de las instituciones que actualmente utilizan denominaciones o esquemas vinculados con la formación militar.
La revisión permitirá identificar cuáles planteles pueden transitar hacia un modelo educativo regular y cuáles presentan irregularidades que deberán ser corregidas.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, explicó que la decisión fue resultado de un análisis en materia jurídica, pedagógica y de derechos humanos.
De acuerdo con el funcionario, el análisis se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que la determinación no responde a una medida improvisada.
La instrucción para las autoridades educativas del país es revisar los planteles que operan bajo estas características y acompañarlos, cuando sea procedente, durante su proceso de transformación.
¿Qué deberán cambiar las escuelas?
El proceso de regularización contempla modificaciones que van más allá del nombre con el que se identifica a una institución.
Las escuelas tendrán que revisar sus planes y programas de estudio, así como sus prácticas de formación y disciplina, para eliminar aquellos elementos que resulten incompatibles con el marco de derechos humanos y con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
La SEP busca que actividades relacionadas con la disciplina, el orden y la formación cívica se desarrollen desde una perspectiva educativa y no mediante métodos propios de instituciones castrenses.
La prioridad, señaló Flores Pacheco, será preservar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y evitar cualquier práctica que pueda poner en riesgo su integridad física o emocional.
Maltrato y abuso serán motivo de sanción
La Secretaría de Educación Pública también advirtió que la regularización no representa un permiso para mantener prácticas que vulneren los derechos de los estudiantes.
Mario Delgado señaló que aquellos planteles donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier conducta que atente contra las niñas, niños y adolescentes deberán enfrentar las sanciones correspondientes conforme a la legislación.
La advertencia adquiere particular importancia ante la revisión de los mecanismos de disciplina utilizados en instituciones que tradicionalmente han recurrido a dinámicas de carácter militar para la formación de sus alumnos.
Las autoridades educativas estatales deberán acompañar el proceso en coordinación con los gobiernos estatales y mantener informadas a las familias sobre las modificaciones que deberán realizar los planteles.
Defensa se deslindará de instituciones civiles
Otro de los cambios anunciados involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con lo expuesto por el titular de la SEP, la Defensa se deslindará de cualquier institución educativa civil que utilice el concepto de formación militar.
La dependencia federal únicamente reconoce y opera planteles destinados a la preparación de su propio personal, por lo que las escuelas civiles que empleen referencias o esquemas de formación castrense no podrán presentarse como instituciones respaldadas por la autoridad militar.
Con ello, la SEP busca establecer una separación clara entre la educación formal dirigida a niñas, niños y adolescentes y la formación profesional que corresponde a las instituciones de las Fuerzas Armadas.
El reto será la transición
La nueva disposición abre ahora un proceso de revisión para las instituciones que durante años han construido su identidad alrededor de modelos de disciplina inspirados en estructuras militares.
El desafío para estos planteles será realizar la transición sin perder su oferta educativa, pero ajustándose a las reglas establecidas por la autoridad.
Para las familias, el proceso también implicará conocer qué escuelas cuentan con autorización vigente, cuáles deberán modificar sus programas y qué cambios realizarán para continuar prestando servicios educativos.
La SEP dejó así establecido que, en México, la formación escolar de menores de edad deberá desarrollarse dentro del marco educativo nacional y bajo una perspectiva centrada en los derechos de la infancia, independientemente de la disciplina o metodología que cada institución haya utilizado hasta ahora.
La revisión de estos planteles se realizará en coordinación con las autoridades educativas estatales, mientras que las instituciones deberán avanzar en las adecuaciones necesarias para cumplir con las disposiciones federales.
Con información de agencias