Nius de Veracruz / Foto: Rigoberto Suárez
Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, aseguró que el procedimiento de desafuero que enfrentan los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván se desarrolla conforme a derecho y rechazó que exista una persecución política en su contra.
En entrevista, el legislador explicó que el Congreso únicamente da trámite a las solicitudes enviadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que será la Comisión Instructora la encargada de analizar los expedientes, garantizar el derecho de audiencia de los involucrados y emitir el dictamen correspondiente.
“La investigación no puede atentar en contra del derecho de cualquier ciudadano. Si una persona no está involucrada en algún delito, no tendría por qué abrirse una carpeta de investigación. Aquí quien investiga es la Fiscalía; nosotros únicamente recibimos los expedientes y seguimos el procedimiento legal”, expresó.
Bautista Hernández informó que ambos presidentes municipales ya fueron notificados oficialmente del inicio del procedimiento y que el próximo martes comparecerán ante la Comisión Instructora, donde podrán presentar pruebas, testigos y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Indicó que incluso recomendó a uno de los alcaldes buscar representación legal para atender el proceso ante las autoridades competentes.
“El que acusa tiene derecho a probar su dicho y el señalado tiene derecho a defenderse. Que busque un abogado que lo represente y vaya desahogando los puntos ante la Fiscalía”, comentó.
El coordinador de la bancada de Morena precisó que el Congreso no determina responsabilidades penales ni gira órdenes de aprehensión, sino que únicamente resuelve si procede retirar el fuero constitucional para que los funcionarios puedan comparecer ante la Fiscalía en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
“Nosotros no liberamos órdenes de aprehensión. Lo único que hace el Congreso es analizar el caso y, en su caso, retirar el fuero para que comparezcan en libertad ante la Fiscalía”, sostuvo.
Respecto a los delitos que motivan las solicitudes de desafuero, reconoció que desconoce los detalles de las investigaciones, ya que esa información corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.
Sobre los tiempos del procedimiento, explicó que una vez concluidas las comparecencias y el análisis de las pruebas, la Comisión Instructora deberá rendir un informe a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, quien posteriormente turnará el asunto al Pleno para su discusión y votación.
No obstante, evitó establecer una fecha para que el caso llegue al Pleno, al señalar que ello dependerá del ritmo de trabajo de la Comisión Instructora.
Finalmente, Bautista Hernández rechazó los señalamientos de persecución política y afirmó que en Veracruz existen instituciones y garantías para que los procedimientos se desarrollen con imparcialidad.
“No hay persecución. Eso existe en el lenguaje de otras personas. Estamos en otros tiempos, con instituciones y organismos de derechos humanos. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie; será la Comisión la que haga su trabajo y resuelva conforme a derecho”, concluyó.