La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que se busca establecer criterios homologados para investigar y sancionar este delito en las 32 entidades federativas.
La propuesta fue turnada por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, a las comisiones unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, donde comenzará su análisis. De acuerdo con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, el proyecto podría ser discutido en comisiones la próxima semana y llegar al pleno en septiembre, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Uno de los principales planteamientos de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género, a fin de evitar que elementos relacionados con violencia de género sean descartados desde las primeras etapas de las indagatorias.
El proyecto establece que, una vez que el Ministerio Público tenga conocimiento de una muerte violenta de una mujer, deberá iniciar de manera inmediata la investigación por feminicidio y realizar, sin dilaciones, los actos urgentes y necesarios para esclarecer los hechos.
La propuesta también plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías estatales cuenten con unidades especializadas para la investigación y persecución de este delito, además de fortalecer la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Entre las medidas contempladas se encuentran la homologación de protocolos de investigación, sanciones para el feminicidio y su tentativa, así como la incorporación de 19 agravantes. También se establecen derechos específicos para las víctimas directas e indirectas, entre ellos el acceso a la verdad y la justicia, asistencia jurídica especializada y gratuita, reparación integral del daño y participación en el procedimiento penal.
El proyecto contempla además que las autoridades investigadoras deberán revisar los antecedentes de violencia que pudiera haber sufrido la víctima, evitar prejuicios y estereotipos de género y actuar bajo el principio de debida diligencia reforzada.
La iniciativa establece diversos supuestos que deberán ser considerados durante las investigaciones, entre ellos la existencia de violencia sexual, mutilación, desmembramiento, ataques con ácido o sustancias corrosivas, así como la exposición o abandono del cuerpo en espacios públicos.
También se contempla como elemento de investigación la relación que pudiera existir entre la víctima y el presunto responsable, incluyendo vínculos de pareja, sentimentales, afectivos, familiares, de amistad, confianza, cuidados, noviazgo, matrimonio, concubinato o cualquier otra relación.
El proyecto adquiere especial relevancia tras el reciente fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años cuya muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio en Tamaulipas. El caso ha generado exigencias de justicia y llamados a revisar la operación de instituciones privadas con formación militarizada.
En este contexto, colectivos y familiares han planteado la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión de este tipo de centros, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.
Con la iniciativa presentada por Sheinbaum, el Gobierno federal busca establecer un marco nacional que permita que las investigaciones por feminicidio se realicen bajo criterios comunes y con perspectiva de género, al tiempo que se refuerzan los derechos de las víctimas y sus familias.
El proyecto deberá ser analizado ahora por las comisiones legislativas antes de avanzar, en su caso, hacia su discusión y eventual aprobación en el pleno del Senado.
Con información de agencias