El Gobierno de México solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, al considerar que los casos podrían implicar violaciones a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que envió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el propósito de que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses sobre los fallecimientos y analice si los hechos son compatibles con los compromisos internacionales asumidos por ese país.

Asimismo, el Gobierno mexicano pidió que, de ser procedente, la ONU emita las recomendaciones correspondientes y remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para dar seguimiento a la situación.

La decisión se da luego de que suman 17 mexicanos fallecidos en Estados Unidos a manos de autoridades migratorias, siendo el caso más reciente el de Lorenzo Salgado Araujo.

Además de acudir ante la ONU, la SRE anunció una estrategia jurídica coordinada con la Fiscalía General de la República para buscar el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Entre las acciones previstas se encuentra la presentación de una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual será notificada a través de la Embajada de México en ese país. También se interpondrán denuncias ante las fiscalías estatales competentes mediante la red consular mexicana.

Otra de las medidas consiste en enviar escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde ocurrieron las muertes, con el objetivo de exigir que cesen de inmediato las acciones u omisiones que pudieron contribuir a los fallecimientos, como la falta de atención médica o la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios.

La Cancillería explicó que estos escritos representan un paso previo para una eventual presentación de acciones civiles contra las autoridades o instituciones responsables.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la protección de los mexicanos que residen en el extranjero debe asumirse como una causa nacional, por lo que llamó al Congreso de la Unión, a los partidos políticos y a la sociedad a respaldar las acciones emprendidas por el Gobierno en defensa de los derechos de los migrantes.

La SRE precisó que todas las medidas anunciadas forman parte de una etapa de investigación que permitirá determinar las acciones judiciales que correspondan conforme a derecho.

Con información de agencias