La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al erario superior a 600 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos y que involucran a 30 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, dio a conocer los resultados durante un informe por sus primeros 100 días al frente del organismo, así como la entrega de los primeros informes individuales de la Cuenta Pública 2025.
Investigan 31 expedientes por posibles irregularidades
El titular de la ASF explicó que actualmente se iniciaron 31 expedientes de investigación, de los cuales 21 ya derivaron en denuncias penales presentadas ante la FGR.
Destacó que este avance fue posible gracias a las reformas legales aprobadas por el Congreso de la Unión, que ahora permiten a la Auditoría investigar directamente posibles irregularidades, reduciendo significativamente los tiempos del proceso.
Antes de estos cambios, explicó, una investigación podía tardar entre dos y tres años únicamente para iniciar, mientras que ahora las indagatorias avanzan con mayor rapidez.
Será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar si existen responsabilidades penales por parte de los funcionarios señalados.
Recuperan recursos para municipios
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Hernández Palacios informó que las auditorías practicadas a las 32 entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda también permitieron recuperar recursos públicos antes de concluir las revisiones.
Como parte de estas acciones, la ASF verificó 29 mil 736 transferencias de recursos, revisó 2 mil 478 municipios y alcaldías y confirmó la correcta distribución de más de 300 mil millones de pesos.
Únicamente quedó pendiente de aclarar una transferencia por 1.4 millones de pesos correspondiente a una entidad federativa.
Nuevo modelo revisará el 100% de los recursos federales
El auditor anunció además un cambio en la estrategia de fiscalización con la implementación de un modelo de auditoría integral, mediante el cual la ASF dejará atrás las revisiones fragmentadas para evaluar de manera completa el ejercicio de los recursos públicos.
Con este esquema, por primera vez será auditada la totalidad de las dependencias federales, además de ampliar la cobertura hacia estados y municipios.
Para este año se tienen programadas 2 mil 244 auditorías, de las cuales 209 corresponden al ámbito federal, mientras que mil 733 entes públicos serán fiscalizados en todo el país.
Asimismo, se revisará el manejo de recursos en mil 276 municipios y alcaldías, para lo cual la ASF firmó convenios de colaboración con 30 auditorías estatales.
Impulsan certificación de servidores públicos
Como parte de su nueva estrategia, la Auditoría Superior también anunció un programa de profesionalización dirigido a los servidores públicos responsables del manejo de recursos.
El próximo 1 de julio se instalará el Comité de Gestión de Competencias, encargado de emitir las primeras certificaciones oficiales en áreas como administración de recursos públicos, control interno, gestión de expedientes, contrataciones gubernamentales y atención de auditorías.
Además, la ASF presentó la guía “Documentar para sancionar”, cuyo propósito es fortalecer la integración de pruebas para que las irregularidades detectadas durante las auditorías puedan traducirse en sanciones administrativas o penales contra los responsables.
Con información de agencias