José Darío Pale Martínez

Integrantes de la Asociación de Asistencia a Afectados por Anaversa exigieron al Gobierno de Veracruz la instalación de una mesa de trabajo y el cumplimiento de las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar la construcción de un Hospital General Regional y de Cancerología en Córdoba, como medida de justicia para las víctimas del desastre químico ocurrido el 3 de mayo de 1991.

En conferencia de prensa en Xalapa, la presidenta de la organización, Rosalinda Huerta Rivadeneira, recordó que la explosión e incendio de la empresa Anaversa en Córdoba es considerado uno de los desastres industriales más graves registrados en México y uno de los principales casos de contaminación química a nivel internacional.

Señaló que durante más de tres décadas el impacto del siniestro fue minimizado y negado oficialmente, pese a las afectaciones a la salud de miles de habitantes expuestos a sustancias tóxicas.

La activista destacó que en 2022 el Cabildo de Córdoba reconoció formalmente la magnitud del desastre y decretó el 3 de mayo como Día Municipal de Prevención de Desastres, mientras que posteriormente el Senado de la República aprobó por unanimidad establecer esa fecha como Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos.

Recordó que tras el accidente se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que derivó en la recomendación 99/91 dirigida a diversas autoridades federales y estatales. Sin embargo, acusó que el caso fue archivado durante administraciones anteriores y nunca se atendieron plenamente las demandas de los afectados.

Huerta Rivadeneira afirmó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia abrió una nueva expectativa para las víctimas, luego de que la Secretaría de Gobernación emitiera el oficio RB-RG-0894-2025 dirigido al secretario de Gobierno de Veracruz, en el que se instruye atender el caso y avanzar en la construcción de un Hospital General Regional y Oncológico en Córdoba.

Sin embargo, lamentó que a pesar de que el documento fue enviado desde agosto de 2025, hasta la fecha no se haya instalado formalmente una mesa de trabajo para concretar el proyecto.

“Queremos saber quiénes están frenando este hospital. No queremos más simulaciones ni que el proyecto se convierta en rehén de intereses políticos o territoriales”, expresó.

La representante de los afectados subrayó que el hospital no debe ser considerado una obra más dentro de la infraestructura nacional de salud, sino un proyecto emblemático de reparación y justicia social para quienes han padecido durante 35 años las consecuencias del desastre.

Indicó que cientos de familias han enfrentado casos de cáncer y enfermedades autoinmunes asociadas a la contaminación química registrada tras la explosión de Anaversa.

Asimismo, señaló que la falta de un terreno para la construcción del hospital ha sido uno de los principales obstáculos. Explicó que desde 2023 se presentó al Ayuntamiento de Córdoba la solicitud para donar un predio destinado al proyecto, pero hasta ahora no se ha concretado.

De acuerdo con los activistas, diversas propuestas de terrenos fueron analizadas y posteriormente descartadas, situación que ha retrasado el inicio de la obra pese a que se trata de una inversión federal estimada en alrededor de tres mil millones de pesos.

Los integrantes de la organización también solicitaron la intervención del Gobierno estatal para convocar una mesa de alto nivel con capacidad de tomar decisiones y dar certeza al proyecto.

Huerta Rivadeneira sostuvo que los afectados ya no quieren ser vistos como víctimas, sino como ciudadanos con derechos que exigen el cumplimiento de compromisos institucionales.

Finalmente, insistió en que el futuro Hospital General Regional y de Cancerología de Córdoba debe incluir un centro de investigación especializado en la prevención y detección oportuna del cáncer, a fin de convertirlo en un referente nacional para la atención de las secuelas derivadas de desastres químicos y ambientales.

“Queremos un hospital emblema, no un hospital más. Debe representar justicia para quienes han esperado 35 años una respuesta del Estado mexicano”, concluyó.