La política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un nuevo respaldo judicial luego de que una corte federal de apelaciones autorizara que continúe vigente el arancel global del 10 por ciento aplicado a las importaciones, mientras se resuelve el proceso legal en su contra.

La decisión representa una victoria temporal para la Casa Blanca, ya que permite seguir recaudando el gravamen impuesto bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que otorga facultades extraordinarias al presidente para aplicar aranceles de manera temporal ante desequilibrios comerciales.

El fallo llega después de que en mayo un panel del Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York determinara, por mayoría, que los aranceles eran inválidos y carecían de autorización legal suficiente, al considerar que la administración republicana había excedido las facultades delegadas por el Congreso.

Sin embargo, la corte de apelaciones decidió suspender temporalmente los efectos de aquella resolución, permitiendo que los cobros continúen mientras se analiza el fondo del caso.

La Sección 122 permite imponer aranceles globales de hasta 15 por ciento durante un periodo máximo de 150 días. Una vez concluido ese plazo, el Congreso debe intervenir para determinar si la medida se mantiene o concluye. Actualmente, el gravamen del 10 por ciento tiene vigencia prevista hasta finales de julio.

La disputa legal forma parte de una serie de controversias que han rodeado la estrategia comercial impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia en enero de 2025. El mandatario ha defendido los aranceles como una herramienta para reducir el déficit comercial de Estados Unidos y fortalecer la producción nacional.

No obstante, diversos sectores empresariales han cuestionado estas medidas por considerar que elevan costos, afectan cadenas de suministro y generan incertidumbre para las inversiones.

La resolución también ocurre meses después de que el Tribunal Supremo limitara parte de la estrategia arancelaria de Trump al determinar que no podía utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977 como fundamento para imponer varios de los gravámenes anunciados por su administración.

Aquella decisión obligó al Gobierno estadounidense a iniciar el proceso de reembolso de aproximadamente 166 mil millones de dólares recaudados mediante aranceles que posteriormente fueron considerados ilegales.

Aunque el litigio sobre el nuevo arancel global aún está lejos de concluir, la resolución de la corte de apelaciones permite a la administración Trump mantener vigente una de sus principales herramientas de política comercial, mientras continúa la batalla judicial que podría definir los límites del poder presidencial en materia de comercio exterior.

Con información de agencias