Opinión de Luis Alberto Romero

La certificación de los cuerpos de policía se ha convertido en una de las principales tareas del gobierno de Veracruz en materia de seguridad pública.

De acuerdo con información dada a conocer por la gobernadora Rocío Nahle, actualmente alrededor del 92 por ciento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya cuenta con la acreditación de los exámenes de control y confianza, un requisito considerado indispensable para permanecer en funciones.

Desde el inicio de la actual administración estatal se emprendió un proceso de revisión de los integrantes de las corporaciones policiacas, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que quienes portan un uniforme y placa cumplan con los estándares establecidos por la ley.

Como resultado de estas evaluaciones, los elementos que no aprobaron las pruebas fueron separados de sus cargos, mientras que otros optaron por retirarse antes de someterse al procedimiento; sin embargo, es un bajo porcentaje.

La mandataria estatal ha señalado que la intención es consolidar una policía profesional, capacitada y comprometida con el respeto a los derechos de la población. Por ello, además de las evaluaciones periódicas, se mantienen programas permanentes de capacitación para mejorar el desempeño de los elementos en tareas de prevención, vigilancia y atención ciudadana.

El proceso aún no concluye; según datos oficiales, entre 30 y 35 municipios veracruzanos mantienen rezagos en la certificación de sus corporaciones locales. En algunos casos, los directores de seguridad o parte de los elementos municipales todavía no han presentado los exámenes correspondientes; en otros, existen mandos que no han logrado acreditarlos.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado solicitó a los 212 ayuntamientos acelerar el cumplimiento de este requisito, ya que la certificación representa una herramienta fundamental para garantizar la confiabilidad de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

En Coatepec, por cierto, la tarde de este lunes fueron removidos de sus cargos los comandantes de la corporación municipal, como parte de un proceso de depuración.

El tema de la certificación ha cobrado importancia recientemente tras la detención de ocho elementos de la Policía Estatal señalados por su presunta participación en delitos de secuestro y tortura. Sobre ese caso, la gobernadora indicó durante su conferencia de prensa de este lunes que las investigaciones continúan y que tanto las autoridades competentes como el Órgano Interno de Control de la SSP revisan los hechos para determinar responsabilidades.

Reiteró que su administración mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas indebidas dentro de las corporaciones policiales; subrayó que no habrá protección para quienes incumplan la ley, y que cualquier abuso o acto ilegal será investigado y sancionado conforme a la ley.

La estrategia estatal busca, en términos generales, depurar las corporaciones, fortalecer la profesionalización policial y garantizar que los cuerpos de seguridad operen bajo criterios de legalidad, disciplina y servicio a la ciudadanía.

@luisromero85