El Gobierno de México anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos electorales mediante mecanismos preventivos que ayuden a los partidos políticos a verificar perfiles de sus candidatos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan acceder a candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La funcionaria detalló que la iniciativa contempla la creación de una “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, dependiente del Instituto Nacional Electoral, la cual serviría como enlace entre los partidos políticos y diversas instituciones de seguridad e inteligencia del país.

Entre las dependencias que participarían en este mecanismo se encuentran el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria listas de aspirantes para consultar si existe un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos delictivos. Las autoridades únicamente informarían sobre la existencia o no de ese riesgo, sin revelar detalles de investigaciones en curso, respetando así el debido proceso y la presunción de inocencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta iniciativa surge como parte de una estrategia para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y evitar la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y espacios de representación pública.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene una política de “cero impunidad”, aunque siempre bajo el respeto a la legalidad y a los derechos de las personas involucradas.

El anuncio ocurre en medio de recientes investigaciones y operativos federales relacionados con presuntos casos de corrupción y vínculos criminales en distintos municipios del país, contexto que ha impulsado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles preventivos dentro de los procesos electorales.

Con esta propuesta, el Gobierno federal busca construir mecanismos de mayor transparencia y responsabilidad política, promoviendo candidaturas con perfiles más confiables y fortaleciendo la confianza ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales.

Con información de agencias