Opinión de Miguel Ángel Cristiani G.

En México, el problema no es que los políticos militen en un partido. El problema comienza cuando confunden el presupuesto público con la cartera personal del movimiento político al que pertenecen. Y en Córdoba, Veracruz, el alcalde Manuel Alonso Cerezo parece haber cruzado esa línea con una naturalidad que retrata el deterioro ético de muchos gobiernos municipales emanados de Morena.

La información difundida en redes sociales y documentos de viáticos exhibe algo que, en cualquier democracia seria, sería motivo de investigación administrativa inmediata: el alcalde reportó gastos superiores a cinco mil pesos para asistir a una supuesta “capacitación” en Oaxtepec, Morelos. Sin embargo, el propio informe termina por desnudar la simulación: se trató de una reunión partidista de Morena, donde participó incluso Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido oficial.

Es decir, no fue un encuentro institucional de alcaldes para mejorar políticas públicas, fortalecer capacidades técnicas o gestionar recursos para Córdoba. Fue un acto político-partidista. Y aun así, el costo salió del bolsillo de los ciudadanos.

Pero el escándalo no termina ahí. Lo verdaderamente ofensivo es el mecanismo empleado: el propio alcalde autorizó su comisión, aprobó el gasto y lo cargó al erario municipal. En otras palabras, juez y parte. Una escena digna de las viejas prácticas del PRI que Morena prometió erradicar, aunque hoy parece perfeccionar con descaro burocrático.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece principios básicos para el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. También obliga a que todo gasto público tenga justificación institucional y beneficio colectivo verificable. Aquí surge la pregunta incómoda: ¿cuál fue el beneficio concreto para los cordobeses de asistir a un encuentro partidista? ¿Qué programa municipal mejoró? ¿Qué inversión llegó? ¿Qué problema de seguridad, agua, basura o desarrollo económico se resolvió tras ese viaje?

La respuesta, hasta ahora, es ninguna.

Y mientras tanto, Córdoba sigue enfrentando rezagos urbanos, problemas de infraestructura, inseguridad y servicios públicos deficientes. Pero al parecer, para algunos funcionarios la prioridad no está en gobernar, sino en quedar bien con la estructura política nacional que reparte candidaturas y cuotas de poder.

Lo preocupante es que esta conducta ya se normalizó en buena parte de la clase política mexicana. Se utilizan camionetas oficiales para mítines, personal del ayuntamiento para operar campañas, oficinas públicas para movilización electoral y recursos municipales disfrazados de “comisiones de trabajo”. Todo bajo el argumento cínico de que “todos lo hacen”.

No. Precisamente porque todos lo han hecho durante décadas, México arrastra una profunda crisis de desconfianza hacia sus gobernantes.

Morena llegó al poder prometiendo austeridad republicana, separación entre gobierno y partido y combate frontal a los abusos del pasado. Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su narrativa denunciando precisamente este tipo de excesos. Por eso resulta todavía más grave que muchos cuadros morenistas reproduzcan las mismas prácticas que antes condenaban con ferocidad moral.

Porque cuando un alcalde usa dinero público para acudir a reuniones partidistas, no solo incurre en una posible irregularidad administrativa; envía un mensaje devastador: el poder ya no distingue entre gobierno, partido y patrimonio público.

Y ahí es donde empieza el verdadero peligro democrático.

No se trata únicamente de cinco mil pesos en viáticos. El monto incluso podría parecer menor frente a los gigantescos desfalcos que históricamente han saqueado al país. El problema es el símbolo. La cultura política que representa. La idea de que el funcionario puede disponer del dinero ciudadano según su conveniencia política y luego autoaprobarse el gasto con absoluta impunidad.

Si las contralorías municipales, los órganos internos de control y el ORFIS guardan silencio frente a estos casos, entonces dejan de ser instituciones de vigilancia para convertirse en simples oficinas decorativas al servicio del poder.

Porque cuando un alcalde convierte el ayuntamiento en sucursal partidista, deja de gobernar para los ciudadanos y comienza a administrar el municipio como botín político.