La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el proceso relacionado con una posible extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en una etapa preliminar, ya que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que las autoridades estadounidenses únicamente enviaron una petición de detención provisional con fines de extradición, mecanismo que se utiliza en situaciones consideradas urgentes.

Alcalde Luján detalló que, conforme al tratado bilateral entre México y Estados Unidos, una solicitud formal de extradición debe incluir cargos, pruebas, órdenes de aprehensión y otros elementos jurídicos que sustenten plenamente el caso.

“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, señaló.

La consejera jurídica indicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no acreditó las condiciones de urgencia necesarias para justificar una detención provisional, por lo que la petición fue considerada insuficiente.

Explicó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información complementaria al gobierno estadounidense tras recibir la opinión de la Fiscalía General de la República, la cual consideró que no existían elementos suficientes para proceder.

Según detalló, si las autoridades estadounidenses logran acreditar la urgencia del caso, la FGR podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional de Rocha Moya, lo que abriría un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición.

“El momento procesal exacto en el que estamos es que no existen elementos suficientes para determinar la urgencia, por lo que se requiere que el país solicitante aporte más información”, puntualizó.

La funcionaria federal subrayó que será un juez quien determine la procedencia o no de la detención provisional.

“Quien lo va a determinar es un juez de control, no la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó la difusión pública del caso y advirtió que los procesos de extradición deben manejarse bajo estricta confidencialidad para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.

Alcalde Luján afirmó que la filtración de información derivó en un “linchamiento mediático” contra los señalados y reiteró que la FGR no ha emitido ninguna resolución sobre culpabilidad o procedencia de la solicitud contra Rocha Moya.La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el proceso relacionado con una posible extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en una etapa preliminar, ya que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado una solicitud formal de extradición.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que las autoridades estadounidenses únicamente enviaron una petición de detención provisional con fines de extradición, mecanismo que se utiliza en situaciones consideradas urgentes.

Alcalde Luján detalló que, conforme al tratado bilateral entre México y Estados Unidos, una solicitud formal de extradición debe incluir cargos, pruebas, órdenes de aprehensión y otros elementos jurídicos que sustenten plenamente el caso.

“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, señaló.

La consejera jurídica indicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no acreditó las condiciones de urgencia necesarias para justificar una detención provisional, por lo que la petición fue considerada insuficiente.

Explicó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información complementaria al gobierno estadounidense tras recibir la opinión de la Fiscalía General de la República, la cual consideró que no existían elementos suficientes para proceder.

Según detalló, si las autoridades estadounidenses logran acreditar la urgencia del caso, la FGR podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional de Rocha Moya, lo que abriría un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición.

“El momento procesal exacto en el que estamos es que no existen elementos suficientes para determinar la urgencia, por lo que se requiere que el país solicitante aporte más información”, puntualizó.

La funcionaria federal subrayó que será un juez quien determine la procedencia o no de la detención provisional.

“Quien lo va a determinar es un juez de control, no la Fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó la difusión pública del caso y advirtió que los procesos de extradición deben manejarse bajo estricta confidencialidad para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia.

Alcalde Luján afirmó que la filtración de información derivó en un “linchamiento mediático” contra los señalados y reiteró que la FGR no ha emitido ninguna resolución sobre culpabilidad o procedencia de la solicitud contra Rocha Moya.

Con información de agencias