Congreso avala licencia de Rubén Rocha mientras enfrenta investigación en EE.UU.

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El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo durante 30 días, mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La sesión extraordinaria fue convocada este sábado por Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien citó a los legisladores a las 8:00 horas para analizar la solicitud presentada por el mandatario estatal.

Tras la votación, el Congreso avaló la separación temporal del cargo luego de que Rocha Moya solicitara formalmente licencia la noche del viernes 1 de mayo.

En un mensaje público, el gobernador aseguró que enfrenta las acusaciones con tranquilidad y rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra.

“Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, expresó.

Rocha Moya afirmó además que puede “ver de frente” a la ciudadanía y a su familia, y sostuvo que demostrará su inocencia ante las autoridades correspondientes.

El mandatario sinaloense explicó que decidió solicitar licencia para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República y permitir que el proceso se desarrolle sin interferencias.

“Es una decisión basada en mi convicción republicana”, señaló.

Las acusaciones contra Rocha Moya surgieron luego de que la Fiscalía Federal de Nueva York lo relacionara presuntamente con el Cártel de Sinaloa en una investigación vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton indicó que la organización criminal ha operado durante décadas con impacto en territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al gobernador de Sinaloa se le imputan presuntos delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que la Fiscalía General de la República deberá actuar únicamente con base en pruebas y conforme al debido proceso.

Con información de agencias

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