A este miércoles 15 de abril de 2026, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha cumplido la condena de nueve años de prisión que le fue impuesta tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. No obstante, el exmandatario permanecerá recluido en el Reclusorio Norte debido a que enfrenta otros procesos penales en curso.
El político veracruzano se encuentra privado de la libertad desde 2017 y, pese a haber cumplido su sentencia principal, no podrá recuperar su libertad debido a una nueva vinculación a proceso dictada en febrero pasado por el delito de peculado, relacionado con un presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en 2012.
Dicha imputación fue determinada por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien además ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.
En este contexto, la defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano de la Mora, promovió una impugnación contra la vinculación a proceso, misma que fue admitida por un juzgado penal en la Ciudad de México, otorgando una suspensión que podría aplazar el avance del caso hasta que se resuelva si procede el amparo.
Por su parte, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, busca una sentencia de hasta 21 años de prisión por este nuevo delito.
El proceso actual contempla un periodo de investigación complementaria de seis meses, el cual concluirá el próximo 17 de agosto de 2026, tiempo durante el cual tanto la defensa como la autoridad ministerial deberán reunir y presentar las pruebas correspondientes.
Cabe recordar que en noviembre de 2025, Duarte ya había sido rechazado para obtener la libertad anticipada, debido a que no cumplía con los requisitos legales, entre ellos, no tener procesos penales pendientes.
Además, el exgobernador aún enfrenta una acusación por desaparición forzada relacionada con el caso del policía estatal David Lara Cruz, ocurrido en 2016. Aunque en 2024 se dictó una resolución de no vinculación a proceso, el caso continúa abierto tras una impugnación del Ministerio Público.
Con este panorama legal, la situación jurídica de Javier Duarte permanece sin cambios inmediatos, manteniéndose en prisión a pesar de haber cumplido la condena por los delitos que inicialmente lo llevaron a ser detenido.
Con información de agencias