Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentaron este martes la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que se busca homologar criterios en todo el país y fortalecer el combate a este delito.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la propuesta pretende que todas las fiscalías cuenten con un marco legal uniforme que permita reducir la impunidad y consolidar políticas públicas de prevención.

Por su parte, Godoy detalló que el proyecto —que será presentado al Senado— busca maximizar las acciones institucionales en la prevención, investigación y sanción del feminicidio.

“El feminicidio es un hecho social que requiere la maximización de las acciones de las instituciones; para atacarlo se requiere una reforma constitucional que permita expedir una ley general en prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres”, señaló.

Homologación y enfoque estructural

La fiscal explicó que la iniciativa plantea homologar el tipo penal a nivel nacional, reconociendo al menos nueve razones de género, entre ellas:

• Signos de violencia sexual
• Prejuicios y estereotipos
• Relaciones de subordinación
• Abuso de poder

“El feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales”, subrayó.

Penas más severas y agravantes

Entre los puntos clave de la propuesta destacan:

• Penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio.
• En caso de tentativa, sanciones de la mitad hasta dos terceras partes de la pena.
• 21 agravantes que podrían incrementar la condena hasta en una mitad adicional.

Casos en los que aumentan las penas

Las agravantes incluyen:

• Cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor.
• Si la mujer está embarazada o vive con discapacidad.
• Cuando se trate de periodistas, defensoras de derechos humanos o de migrantes.
• Si el delito es cometido por una persona servidora pública.
• En casos de violencia extrema, como ataques con ácido o sustancias inflamables.

Multas económicas

Además de la prisión, se contemplan sanciones económicas de:

• Mil a dos mil UMAs, equivalentes a aproximadamente 117 mil a 234 mil pesos.

La iniciativa será turnada al Senado para su análisis y discusión en los próximos días. El proyecto busca establecer un marco nacional que permita homologar protocolos de investigación y garantizar una respuesta más efectiva frente a la violencia feminicida en México.

Con información de agencias