La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes la presentación del denominado Plan B de reforma electoral, iniciativa que será enviada al Senado de la República para su análisis y eventual discusión legislativa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta incluye modificaciones constitucionales y cambios a diversas leyes secundarias en materia electoral, con el objetivo de reducir costos y limitar privilegios en las instituciones encargadas de organizar los procesos democráticos.

“Va hoy a la Cámara de Senadores la propuesta. Tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal; también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, indicó.

Sheinbaum subrayó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es disminuir el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos políticos (…) seguimos insistiendo en reducir privilegios”, sostuvo.

Austeridad y reducción de privilegios

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los alcances de la iniciativa, la cual —dijo— responde al principio de austeridad promovido por el actual gobierno.

La funcionaria explicó que la reforma busca disminuir los costos del sistema electoral y limitar los beneficios de los altos funcionarios de organismos electorales.

“Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la transformación del país, que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirmó.

Rodríguez añadió que los salarios de consejeros y magistrados electorales deben ser “dignos, pero no excesivos”, y enfatizó que la propuesta busca fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.

Cambios en municipios y congresos locales

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentra la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos del país, que quedarían en un rango de entre siete y un máximo de 15 integrantes.

Además, se plantea que cada municipio cuente únicamente con una sindicatura.

En el caso de los congresos locales, la propuesta establece un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

El gobierno federal señaló que los recursos que se ahorren con estas medidas podrían destinarse a proyectos de infraestructura en municipios y estados.

Límites salariales en órganos electorales

La iniciativa también propone establecer un límite salarial para consejeros, magistrados y altos funcionarios de organismos electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al salario de la Presidencia de la República.

Asimismo, se plantea eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos extraordinarios.

Los ajustes alcanzarían también a los organismos electorales locales y a los tribunales electorales de las entidades federativas.

Revocación de mandato y transparencia partidista

El Plan B contempla además cambios en el mecanismo de revocación de mandato, el cual se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo sea solicitada la consulta.

En materia de partidos políticos, la reforma propone reforzar la transparencia financiera, obligándolos a reportar sus operaciones en tiempo real mediante sistemas bancarizados y a hacer públicas las remuneraciones de sus dirigentes.

También se establece la prohibición de recibir recursos de origen ilícito, aportaciones en efectivo o financiamiento proveniente del extranjero.

Con información de agencias