La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró este miércoles a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy, quien recientemente asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Hasta antes de su nombramiento, Damián Peralta se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde coordinó la estrategia de atención a las causas de la violencia, uno de los ejes prioritarios del actual gobierno.

La nueva consejera jurídica es considerada una colaboradora cercana de la presidenta, ya que fue su secretaria particular durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, Esthela Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación. Su trayectoria en el servicio público y en el ámbito legislativo se ha caracterizado por un enfoque integral del derecho, con experiencia en derecho parlamentario, fiscal, administrativo, electoral y en derechos humanos, así como en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y juventudes.

Su formación académica incluye capacitación continua en derecho electoral, derechos humanos y derecho administrativo, con énfasis en aspectos normativos, fiscales y de cobranza coactiva, además de temas de participación fiscal.

El perfil difundido por el gobierno federal destaca también su participación en foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública.

Entre sus cargos previos, Damián Peralta fue durante cuatro años directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, así como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, consolidando una trayectoria vinculada a la gestión pública y la protección de derechos.