La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación penal contra María Amparo Casar Pérez, académica y presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un posicionamiento oficial, la dependencia federal aclaró que la carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre de 2025 y no recientemente, como se ha difundido en algunas versiones. Precisó que el Ministerio Público Federal revisara de manera exhaustiva el expediente para verificar que la indagatoria hubiera sido integrada conforme a derecho.

La FGR rechazó categóricamente que el caso se conduzca por consigna o con sesgo político y aseguró que las investigaciones se realizan bajo el marco legal, con respeto a los derechos de las personas involucradas.

El caso tiene su origen en 2004, cuando César Márquez Padilla, entonces esposo de Casar, falleció tras caer desde el edificio A de la sede central de Pemex. En su momento, las autoridades capitalinas determinaron que se trató de un suicidio. Días después, se solicitó el pago de la pensión post mortem, la cual comenzó a otorgarse a partir de enero de 2005.

En 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión al considerar posibles irregularidades, lo que derivó en una serie de litigios en las vías administrativa y civil. Un juez federal ordenó la reactivación provisional del pago mientras no exista una resolución definitiva. Posteriormente, el caso escaló al ámbito penal, dando paso a la investigación que actualmente lleva la FGR.

De acuerdo con información oficial, Casar fue citada a comparecer ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente. Hasta el momento, la académica no ha emitido una postura pública sobre la investigación, en tanto su defensa analiza el expediente.

La Fiscalía indicó que el caso continuará su curso legal y será resuelto con base en pruebas documentales, administrativas y periciales, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Con información de agencias