COMUNICADO | Se debe evaluar nuevamente el impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz

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+ Piden organizaciones de la sociedad civil y residentes de Veracruz que se anule la nueva e ilegal autorización emitida por la Semarnat, pues otra vez avaló un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas

+ Solicitan que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadania ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los Veracruzanos.

+ Solicitan la intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional.

El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN) donde concluyeron que la nueva Autorización de pacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nuta y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte.

En conferencia de prensa realizada en el barco “Arctic Sunrise de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y el Dr. Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado para que:

  1. La Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de CV. (Asipona Veracruz) -promovente del proyecto de ampliación elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodologia adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir, por ejemplo, la metodologia “antes/después-control/impacto” (BACI por sus siglas en inglés).
  2. La Dirección General de impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos cientificos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información cientifica generada.
  3. La Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población.

Xavier Martinez Esponda, director operativo de CEMDA, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escaz, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la propia sentencia de la Corte.

“Es como si no se hubiera aprendido nadA de todo este litigio. Lo que tenia que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y se expidiera una nueva resolución. Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerada la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso.”

Como contexto, cabe recordar que en febrero del 2022, por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCIN resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Es una victoria histórica que favorecerá a todas las personas que se benefician de las servicios ambientales impactados por el proyecto.

En respuesta a la sentencia de la SCIN, en marzo del 2022, la Semarat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas. Como explica el Doctor Leonardo Ortiz, “en la última década, el conocimiento cientifico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización”.

Fotos: Rigoberto Suárez

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