La bancada de Morena en la Cámara de Diputados “cocina” su Plan B de reforma electoral para la próxima semana, una vez que el pleno vote y, en su caso, rechace la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo confirmó el líder morenista en el Palacio de San Lázaro, Ignacio Mier, al reafirmar la intención de compactar la estructura administrativa del INE y reducir 3 mil millones de pesos al gasto operativo de dicho organismo.
—¿Cuándo llega el Plan B, el mismo martes?— se le interrogó.
“Ya está, se está cocinando”, dijo.
Mier señaló que el proyecto de reformas a la legislación secundaria estará listo muy pronto y se podrá votar en menos de una semana, aun cuando el plazo límite para la aprobación de reformas en materia electoral para los comicios de 2024 vence hasta el 3 de abril.
“El Plan B significa que la columna vertebral que forma parte de la reforma constitucional se pueda reflejar en las seis leyes que serían materia de reformas y modificaciones, las leyes secundarias que van desde la Ley de Partidos Políticos, hasta la Ley de Comunicación”, detalló.
Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el coordinador de los diputados de Morena reconoció, sin embargo, las limitaciones de una reforma a la ley secundaria en aspectos como la reducción del número de consejeros electorales, así como de diputados y senadores en el Congreso de la Unión.
“¿Qué es lo que no se puede? No se puede lo que está expresamente señalado en la Constitución. Ejemplo, el número de integrantes de las dos cámaras, eso no se puede reducir en una ley secundaria; quedarían los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Quedarían los 128 senadores de la República en los tres principios: el de mayoría, la primera minoría y el de representación proporcional”, dijo.
No obstante, el llamado Plan B considera reducir 3 mil millones de pesos a las direcciones ejecutivas de Capacitación y de Organización del INE, sin poner en riesgo la celebración de elecciones.
“De la pura estructura operativa, que no tiene que ver nada de que ponga en riesgo la instalación de casillas, ni el proceso de insaculación, ni de capacitación de funcionarios públicos y menos las elecciones; es el gasto operativo”, sostuvo Mier.
Con información de Milenio