Doble asesinato en Texhuacán enciende alertas al inicio del proceso electoral 2026-2027

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Opinión de Cinthya Trinidad

A escasos días de haber arrancado formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en Veracruz, la violencia política volvió a golpear la zona montañosa central del estado. El doble homicidio ocurrido el pasado sábado 14 de noviembre en el municipio de San Juan Texhuacán confirma en los hechos las advertencias contenidas en el más reciente diagnóstico de la organización Laboratorio Electoral, que ubica a la entidad entre los cinco focos rojos más críticos del país rumbo a los comicios de 2027.

La tarde del sábado, la regidora única del ayuntamiento de Texhuacán, Juana Tzanahua Hernández, y su esposo, Gervacio Hernández Mellado —quien fungía como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato a la alcaldía—, fueron interceptados y asesinados a balazos por un grupo armado mientras transitaban por carretera. En el ataque también resultó herida una tercera persona que los acompañaba.

Aunque las fiscalías estatal y federal ya han abierto carpetas de investigación, el crimen ocurre apenas ocho días después de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) declarara el inicio formal de la contienda el pasado 6 de noviembre, proceso en el que se renovarán las 50 diputaciones del Congreso de Veracruz de manera concurrente con las elecciones federales.

El diagnóstico: Veracruz como zona de riesgo crítico

El atentado en la sierra de Zongolica encaja con precisión en el patrón documentado por Laboratorio Electoral en su reporte Violencia, gobernanza e integridad electoral. De acuerdo con los hallazgos preliminares del organismo, Veracruz —junto con Michoacán, Chiapas, Guerrero y Guanajuato— concentra de manera crítica una escalada en la que las estructuras criminales han pasado de la intimidación al asesinato directo de autoridades, la infiltración en gobiernos municipales y los ataques contra instituciones locales.

El informe subraya que en estas entidades las condiciones mínimas de seguridad para instalar casillas o resguardar los consejos municipales son prácticamente inexistentes en diversas regiones. Además, advierte sobre una tendencia creciente en la que la violencia ha dejado de ser un asunto exclusivo de seguridad pública para convertirse en una causal jurídica recurrente que anula elecciones completas. A nivel nacional, el reporte documenta que ya se han invalidado 11 elecciones municipales explícitamentepor hechos de violencia y otras 16 por violaciones a la libertad del sufragio y al principio de certeza.


Las recomendaciones urgentes para blindar la contienda

Con el calendario electoral ya en marcha —cuyas precampañas iniciarán en febrero de 2027 y las campañas en mayo—, el caso de Texhuacán pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y de las fuerzas políticas. Ante este escenario, el estudio de Laboratorio Electoral plantea tres líneas de acción urgentes para evitar que el crimen organizado descarrile la jornada democrática:
Evaluación y denuncia oportuna: Los partidos políticos deben realizar diagnósticos internos sobre los riesgos que enfrentan sus estructuras territoriales, coordinarse estrechamente con las autoridades electorales y de seguridad, y denunciar de inmediato cualquier agresión o amenaza.

Filtros de idoneidad: Es indispensable que las fuerzas políticas revisen de manera transparente y operativa los perfiles de sus aspirantes para evitar postulaciones que representen riesgos para la gobernabilidad o estén vinculadas a intereses delictivos.
Capacitación y respaldo legal: Los institutos políticos deben ofrecer acompañamiento jurídico y protocolos prácticos de protección a todos sus cuadros y aspirantes en caso de ser víctimas de violencia.

Mientras la dirigencia estatal del PRI exige resultados contundentes y garantías para quienes participan en la vida pública, la muerte de Tzanahua Hernández y Hernández Mellado se suma a una estela de agresiones políticas en la región montañosa veracruzana, dejando claro que el principal desafío de la elección 2026-2027 en Veracruz no será únicamente logístico, sino de supervivencia e integridad democrática.

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