Opinión de Cinthya Trinidad

En la víspera de un nuevo proceso electoral en Veracruz, donde se renovarán las Diputaciones locales y la participación ciudadana vuelve a ser el pilar fundamental de nuestra democracia, el ambiente no arranca con el entusiasmo de la llamada “fiesta electoral”, sino con la sombra del desconfío. El reciente requerimiento de información realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz sobre contratos con empresas bajo investigación federal enmarca un inicio de contienda sumamente complejo.

La investigación de la ASF —que busca transparentar asignaciones contractuales históricas y descartar posibles anomalías en la adquisición de materiales y servicios electorales— es, por definición, un ejercicio necesario de rindiendo de cuentas. La respuesta del organismo arbitral veracruzano al deslindar sus ejercicios recientes y ponerse a disposición de las autoridades fiscalizadoras es el paso institucional correcto; sin embargo, en la percepción ciudadana, la simple mención de indagatorias administrativas suele sembrar dudas difíciles de eliminar.

La situación en el INE se destapó en el momento quizá menos oportuno para los organismos locales, porque si los ciudadanos perciben dudas o sospechan de cómo actúa el arbitro electoral, el riesgo de abstencionismo o de polarización postelectoral se multiplica exponencialmente.

El verdadero desafío del OPLE Veracruz no se librará únicamente en los tribunales o en las mesas de auditoría contestando los requerimientos de la ASF; se jugará en el día a día con cada una de las etapas de este proceso, donde deberá demostrar con hechos que cuenta con el rigor operativo y ético para arbitrar la contienda que se avecina. La democracia veracruzana necesita un árbitro fuerte, transparente y fuera de toda sospecha.

Garantizar elecciones limpias implica también asegurar que el dinero destinado a hacerlas posibles haya sido fiscalizado hasta el último centavo.

Si el OPLE demuestra un actuar pulcro, que esta fiscalización sirva para blindar la confianza ciudadana. Veracruz no merece menos que un proceso electoral con certeza y plena legitimidad desde el primer día.