Opinión de Luis Alberto Romero

En materia de finanzas públicas, una cifra por sí sola puede decir mucho, pero también puede llevar a conclusiones equivocadas si se presenta fuera de contexto; eso es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos días con las interpretaciones sobre un supuesto subejercicio del presupuesto de Veracruz correspondiente a 2025.

Diversos señalamientos han colocado en el debate público una cantidad de miles de millones de pesos que, bajo una lectura superficial, parecería representar recursos que el Gobierno de Veracruz dejó de utilizar; sin embargo, el ejercicio del gasto público tiene distintas etapas y no todo recurso que al cierre del año aparece como no pagado puede considerarse automáticamente como dinero sin ejercer.

El presupuesto público sigue un proceso administrativo y contable que incluye varias fases, lo aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Cada una tiene un significado específico y refleja un momento distinto en la utilización de los recursos.

Uno de los conceptos más importantes para entender esta discusión es el de gasto comprometido. Se trata de recursos que ya tienen un destino definido y respecto de los cuales existe una obligación formal, como puede ser un contrato, una adquisición, una obra o un procedimiento administrativo en curso.

Por ello, que un recurso todavía no aparezca como pagado al cierre del ejercicio no significa necesariamente que haya quedado disponible, que se haya perdido o que exista un subejercicio.

El calendario fiscal tampoco implica que todos los procedimientos administrativos tengan que concluir el último día de diciembre. La normativa contempla plazos y mecanismos para que determinadas obligaciones puedan concluirse posteriormente, particularmente cuando se trata de recursos federales etiquetados que ya fueron comprometidos y cumplen con las condiciones establecidas.

Esta distinción resulta fundamental para interpretar correctamente las cifras de Veracruz.

Los datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Planeación muestran, por ejemplo, que en el sector Salud el ejercicio de los recursos alcanzó 99.9 por ciento, con una diferencia de apenas 62 mil 703 pesos. Esta cifra contrasta con los 3 mil 512 millones de pesos que han sido presentados en algunos espacios como un supuesto subejercicio.

En materia de Infraestructura y Obras Públicas también existe una diferencia importante entre los recursos que no habían sido pagados y aquellos que realmente permanecían sin contratar.

Durante 2025 se destinaron 4 mil 652.7 millones de pesos a inversión. De ese monto, 4 mil 317.2 millones, equivalentes al 92.8 por ciento, ya estaban comprometidos al cierre del ejercicio. Es decir, tenían un destino y un procedimiento formal en marcha. Únicamente 335.5 millones permanecían sin contratar.

La pregunta, entonces, resulta necesaria: ¿puede considerarse igual un recurso que permanece disponible porque no ha sido contratado que uno que ya está respaldado por un contrato o una obligación formal? La respuesta es no.

Esta diferencia puede parecer técnica, pero es indispensable cuando se pretende hacer una evaluación seria del ejercicio presupuestal. Las finanzas públicas no pueden analizarse únicamente a partir del dinero que salió de una cuenta bancaria antes del 31 de diciembre, sobre todo porque detrás de cada obra o servicio existe un proceso que incluye planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, comprobación y pago. En algunos casos, esas etapas se desarrollan entre distintos ejercicios fiscales y deben cumplirse conforme a los tiempos y requisitos establecidos por la legislación.

Por eso, el análisis del presupuesto debe considerar el proceso completo y no únicamente una fotografía tomada al cierre del año.

Las cuentas públicas, además, son documentos que se presentan ante el Congreso del Estado y pueden ser consultados. Esto permite revisar directamente las cifras, conocer las distintas etapas del gasto y verificar el destino de los recursos.

También es importante distinguir entre el legítimo ejercicio de la crítica y una conclusión que no considera todos los elementos disponibles.

Cuestionar el desempeño de un gobierno forma parte de cualquier democracia. Pero para que esa crítica sea útil debe partir de información completa, metodología clara y conceptos correctamente utilizados.

En el caso de Veracruz, hablar de recursos comprometidos, obras en proceso, servicios contratados u obligaciones pendientes de pago no es lo mismo que hablar de dinero que simplemente no fue utilizado.

La administración estatal encabezada por la gobernadora Rocío Nahle ha destinado recursos a distintos rubros, entre ellos infraestructura, salud y servicios públicos. La evaluación de esos resultados debe hacerse con base en información verificable y considerando tanto el gasto realizado como las obras y acciones que se encuentran en proceso.

Al final, el debate no debería centrarse únicamente en una cifra llamativa, sino en una pregunta mucho más importante: ¿qué ocurrió realmente con los recursos públicos?

Para responderla se necesita revisar el presupuesto desde su origen hasta su aplicación final, conocer qué se contrató, qué se ejecutó, qué se devengó, qué se pagó y qué obligaciones permanecen en proceso.

Porque en las finanzas públicas, como en muchos otros asuntos, una cifra aislada puede generar titulares, pero es el contexto el que permite entender la realidad; y cuando se trata de recursos públicos, entender esa diferencia no es un detalle, sino una condición necesaria para informar de forma completa y detallada.

@luisromero85