Opinión de Emiliano Sesma

Hay temas que tarde o temprano tienen que discutirse de frente, sin colores partidistas y sin pensar en quién gobierna hoy o quién gobernará mañana. El fuero constitucional es uno de ellos. Y en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García ha puesto nuevamente este asunto sobre la mesa con una iniciativa para retirar la inmunidad procesal a presidentes municipales y síndicos. La propia mandataria ha dicho que para ella el fuero no significa nada y que llegó a la función pública para trabajar y servir a los demás, no para buscar una protección personal. También ha sostenido que la propuesta no tiene dedicatoria política y que aplicaría por igual a alcaldes de cualquier partido, incluido Morena.

Hay que recordar de dónde viene el fuero. Su origen está relacionado con la necesidad de proteger a los representantes populares, particularmente a los legisladores, para que pudieran ejercer sus funciones sin ser perseguidos políticamente por sus opiniones, votos o decisiones. No nació como un permiso para delinquir ni como una garantía de impunidad. Con el paso del tiempo, los distintos estados fueron estableciendo sus propios mecanismos de inmunidad para determinados servidores públicos, entre ellos autoridades municipales. En Veracruz, el artículo 78 constitucional contempla actualmente la declaración de procedencia para presidentes municipales y síndicos. El problema comienza cuando una protección pensada para garantizar el ejercicio de una responsabilidad pública termina convirtiéndose, ante los ojos de la sociedad, en una barrera que retrasa o dificulta la actuación de la justicia.

Y los hechos recientes en Veracruz muestran por qué este debate no es menor. En agosto pasado, el Congreso del Estado retiró el fuero a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, después de los procedimientos promovidos por la Fiscalía. La decisión permitió que las investigaciones penales continuaran; sin embargo, posteriormente ambos exalcaldes fueron considerados prófugos o no localizados por las autoridades estatales. A ello se suma el caso señalado públicamente por la gobernadora de un alcalde del norte del estado, quien habría realizado disparos durante una celebración y terminado lesionando a una persona menor de edad, además de que, según lo expuesto públicamente, no habría atendido los llamados de la Fiscalía. Son precisamente este tipo de situaciones las que alimentan la percepción de que una autoridad puede utilizar el cargo como escudo frente a la acción de la justicia.

Y no hace falta ir demasiado lejos para encontrar ejemplos de lo que ocurre cuando las investigaciones alcanzan a los gobiernos municipales. En Puebla, el alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido en septiembre como parte del Operativo Enjambre. De acuerdo con información de autoridades federales, fue relacionado con una estructura investigada por robo de autotransporte, extorsión y secuestro; posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por delitos relacionados con armas de fuego y contra la salud. Estos casos muestran algo que no podemos ignorar: los municipios también pueden ser escenarios donde se investiguen hechos de enorme gravedad y donde las autoridades encargadas de gobernar no pueden quedar fuera del alcance de las instituciones de justicia. Quitar una barrera procesal no significa declarar culpable a nadie; significa que, si existen elementos suficientes, una autoridad pueda ser investigada y presentada ante un juez como cualquier otra persona.

Por eso, la discusión sobre la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle debe ir más allá de si beneficia o perjudica a un partido. El punto de fondo es si queremos servidores públicos que entiendan el cargo como una responsabilidad o autoridades que sientan que el cargo les proporciona una protección especial. La eliminación de la inmunidad procesal municipal no garantiza por sí sola que desaparezca la delincuencia organizada ni la corrupción, pero sí puede eliminar un obstáculo institucional para que las fiscalías actúen cuando existan investigaciones sustentadas. Al final, el principio debería ser sencillo: quien llega a un Ayuntamiento llega a servir, no a estar por encima de la ley. Póngale fecha, la iniciativa presentada por la gobernadora será aprobada en los próximos meses por el Congreso Local, para después corregir un malestar ciudadano de muchos años.