El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo realizado en el municipio de Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas nueve personas, entre ellas el presidente municipal Isaac “N”, como parte de las acciones contra estructuras criminales que operan en la región.
De acuerdo con García Harfuch, en el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y la colaboración de autoridades estatales.
Como parte del denominado Operativo Enjambre, las corporaciones ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en distintos puntos de Esperanza.
Entre los nueve detenidos se encuentran Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, identificado como hermano del alcalde.
García Harfuch señaló que los detenidos estarían vinculados con una estructura criminal presuntamente dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto, principalmente en la carretera Puebla-Veracruz.
Durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, así como 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
El funcionario federal también informó que estas acciones se suman a la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, quien fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Según García Harfuch, las detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de organizaciones criminales que actúan en la zona, con el objetivo de reducir delitos como el robo en carreteras, robo al autotransporte de carga y pasajeros y la extorsión.
El operativo fue realizado en el marco de la política de cero impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, y contó con la coordinación de instituciones federales y del Gobierno de Puebla.