Opinión de Emilio Sesma
En materia de finanzas públicas, los resultados no se miden únicamente en discursos, sino en cifras. Y en Veracruz, los números muestran una tendencia que vale la pena observar: el gobierno encabezado por Rocío Nahle García ha colocado el saneamiento financiero entre sus prioridades y ha emprendido una política de reducción de pasivos, renegociación de créditos y eliminación de cargas heredadas. Veracruz pasó de una deuda de 48 mil 330.2 millones de pesos a 43 mil 373.1 millones, una reducción absoluta de 4 mil 957.1 millones, equivalente al 10.3 por ciento.
Pero quizá el capítulo más contundente de esta política financiera es la extinción de la deuda bursátil de 199 municipios veracruzanos. El pasado 14 de julio quedó liquidado por completo el esquema contratado en 2008, después de que el Gobierno del Estado recuperara mil 085 millones de pesos que permanecían en cuentas vinculadas al fideicomiso y realizara una aportación cercana a 500 millones de pesos. Con ello, se evitó que los municipios continuaran pagando una obligación que, de mantenerse bajo el esquema anterior, habría generado otros 2 mil 266 millones de pesos en pagos hasta 2036.
Aquí está, desde mi perspectiva, uno de los elementos que hacen particularmente relevante la decisión: no se trata simplemente de cambiar una deuda de lugar, sino de eliminar una carga financiera que comprometía participaciones federales de los municipios. La propia estrategia estatal señala que la cancelación permitirá que los 199 ayuntamientos reciban completas sus participaciones, fortaleciendo su capacidad para invertir en infraestructura, servicios públicos, seguridad y otras necesidades de la población. Además, el proceso contó con el respaldo de los ayuntamientos involucrados y con acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por supuesto, reducir deuda no significa que todos los problemas financieros de Veracruz hayan desaparecido ni que el gobierno pueda bajar la guardia. La disciplina presupuestal debe mantenerse durante todo el sexenio y los recursos liberados tienen que traducirse en mejores servicios, infraestructura y bienestar. Sin embargo, sería injusto ignorar que existe una diferencia entre administrar una deuda creciente y construir una ruta para disminuirla. La propia gobernadora ha planteado que su administración no busca contratar nueva deuda y que el objetivo es entregar, al final de su mandato, un estado financieramente más sólido.
En ese sentido, la reducción de 4 mil 957.1 millones de pesos, aunada a la renegociación de créditos y, sobre todo, a la extinción de la bursatilización de los 199 municipios, representa un resultado financiero que difícilmente puede pasar desapercibido. La magnitud de esta disminución de deuda, de acuerdo con los datos presentados, coloca a Veracruz a la cabeza nacional y refleja una conducción financiera que apuesta por ordenar las cuentas, disminuir cargas heredadas y recuperar margen de maniobra para el estado y sus municipios.
Y aquí vale la pena decirlo con todas sus letras: póngale fecha, porque esta reducción de deuda no es cualquier cifra; es un resultado sin precedente reciente para Veracruz y está estrechamente ligado a la gestión, disciplina y decisiones financieras de la gobernadora Rocío Nahle García. El reto será mantener esta ruta y convertir cada peso liberado en obras, servicios y bienestar para las familias veracruzanas, porque sanear las finanzas no debe ser el punto final, sino la base para construir un estado más fuerte y con mayores oportunidades.