Opinión de Emiliano Sesma
En la política es común que los grandes logros de un gobierno sean recibidos con aplausos por unos y críticas por otros. Sin embargo, cuando los resultados son verificables y reciben el reconocimiento del propio Gobierno de México, el debate deja de centrarse en los discursos para enfocarse en los hechos. Eso ocurre con la estrategia de saneamiento financiero impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, una política que ha permitido reducir significativamente el pasivo del estado, liquidar adeudos históricos y fortalecer las finanzas públicas sin frenar la inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales.
El reconocimiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la Conferencia del Pueblo no es un asunto menor. La titular del Ejecutivo federal calificó como “extraordinaria” la forma en que Veracruz aprovechó los mecanismos de regularización fiscal para obtener mayores recursos y, al mismo tiempo, saldar deudas heredadas. Cuando la Presidenta del país presenta una estrategia estatal como un ejemplo para otras entidades, el mensaje es claro: las decisiones financieras tomadas en Veracruz están dando resultados y se apegan a un modelo que el propio Gobierno federal considera positivo.
Los números respaldan ese reconocimiento. La reducción del pasivo histórico, la liquidación de importantes adeudos con el SAT, la disminución de la deuda con el ISSSTE, el pago anticipado de créditos bancarios y la mejora en las calificaciones crediticias reflejan una política de disciplina financiera poco común en la administración pública. A ello se suma la extinción anticipada de la bursatilización municipal, una deuda que durante años limitó las finanzas de decenas de ayuntamientos y cuya conclusión representa un alivio para las administraciones locales.
Frente a estos resultados surgieron cuestionamientos como los expresados por la diputada panista Indira Rosales, quien sostuvo que el proceso de liquidación de la bursatilización aún no había concluido porque la amortización en el mercado financiero estaba programada para días después del anuncio oficial. No obstante, esa crítica se concentró en el calendario operativo de la liquidación y no desmintió que los recursos ya hubieran sido destinados para cubrir la obligación financiera. En otras palabras, el debate fue sobre el momento formal en que debía considerarse concluido el proceso, no sobre la existencia del pago ni sobre la decisión de extinguir la deuda. Por ello, utilizar esa diferencia de interpretación para minimizar el alcance del saneamiento financiero resulta poco convincente frente a los resultados obtenidos.
La ciudadanía espera que el debate político contribuya a mejorar las políticas públicas, no que reduzca cualquier avance a una disputa de tiempos o de narrativas. Las administraciones deben ser evaluadas por sus resultados y, en este caso, tanto las cifras oficiales como el reconocimiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum apuntan a una misma conclusión: Veracruz ha emprendido un proceso serio de ordenamiento financiero. Habrá espacio para el análisis y la fiscalización, como corresponde en una democracia, pero también es justo reconocer cuando una estrategia produce beneficios concretos para el estado y sus municipios. Póngale fecha a que el saneamiento de las finanzas públicas no es un triunfo de un partido político; es una condición indispensable para que Veracruz tenga mayores recursos para invertir en el bienestar de su población.