Opinión de Luis Alberto Romero
La deuda pública de Veracruz creció de manera alarmante desde la etapa final del gobierno de Miguel Alemán, y alcanzó su punto más alto en las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte. Durante la administración de Herrera Beltrán, el contrato de deuda pública y la llamada bursatilización terminaron por comprometer las finanzas del gobierno estatal y de los municipios.
Los recursos del gobierno estatal y municipios fueron prácticamente hipotecados.
De acuerdo con datos oficiales, al tercer trimestre de 2025, la deuda veracruzana se ubicó en 48,134 millones de pesos, lo que implica un endeudamiento per cápita de 5,923 pesos.
La bursatilización, deuda contratada por la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos durante el sexenio de Fidel Herrera, se convirtió en una deuda impagable: de los 212 municipios, 199 arrastran compromisos que superaban los 1.790 millones de pesos.
Ayuntamientos como Coatzacoalcos, con una deuda de más de 424 millones de pesos; Veracruz, con 131 millones; Tuxpan, con 108; y Xalapa, con más de 92 millones de pesos, enfrentan problemas, porque deben destinar una parte de su presupuesto sólo para pagar los altos intereses.
Es un problema que asfixia las finanzas de los ayuntamientos veracruzanos y limita su capacidad de operación. Esta deuda surgió por la voracidad de exfuncionarios estatales y por la irresponsabilidad de los exalcaldes que aceptaron la contratación de una deuda que los ciudadanos han pagado por más de 17 años.
Precisamente por eso resulta importante el rescate financiero anunciado por la gobernadora Rocío Nahle.
Este miércoles se dio a conocer que los 199 ayuntamientos de Veracruz que arrastraban adeudos derivados de la bursatilización contratada en 2008 respaldaron la propuesta de la gobernadora para poner fin a uno de los compromisos financieros más costosos para los municipios del estado.
Con la entrega formal de las actas de Cabildo al Congreso local, inició el proceso jurídico y financiero para liquidar la deuda que durante casi dos décadas mantuvo retenida parte de las participaciones federales de los gobiernos municipales.
La estrategia impulsada por el Gobierno estatal contempla que la administración veracruzana absorba el 75 por ciento del adeudo y que los municipios cubran el 25 por ciento restante, sin intereses y con plazo máximo de pago hasta 2030. Con ello, se adelantaría seis años la liquidación total, ya que el esquema original vencía hasta 2036.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que los 199 municipios involucrados aprobaron voluntariamente adherirse al nuevo esquema financiero propuesto por el Ejecutivo estatal; y señaló que la principal ventaja será la liberación de recursos federales que actualmente se encuentran comprometidos para cubrir la deuda.
De acuerdo con el calendario planteado, el 5 de junio comenzará la validación documental de los expedientes municipales; el 15 de junio se firmará el convenio oficial y el 20 de junio se realizará una reunión final con representantes regionales. Posteriormente, en julio, el Gobierno estatal notificará a los fideicomisos y tenedores bursátiles sobre la liquidación anticipada. El 27 de julio se prevé cancelar definitivamente los certificados bursátiles.
Si el proceso avanza conforme al plan, a partir de agosto los municipios comenzarían a recibir completas sus participaciones federales, sin descuentos relacionados con la bursatilización.
La administración estatal sostiene que el objetivo es sanear las finanzas municipales y permitir que los ayuntamientos destinen más recursos a obras y servicios básicos, principalmente pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado público y seguridad.
Además del alivio financiero, la propuesta busca reducir cargas administrativas y mejorar las condiciones de operación de los gobiernos municipales, muchos de los cuales enfrentaban limitaciones presupuestales por las retenciones derivadas de esa deuda heredada desde hace casi 18 años.