El llamado Plan B de Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó en la Cámara de Diputados tras ser aprobado en comisiones unidas, por lo que será discutido en el Pleno este miércoles.

El dictamen obtuvo un total de 60 votos a favor y 13 en contra. En lo particular, la Comisión de Puntos Constitucionales registró 33 votos en pro y siete en contra, mientras que la Comisión de Reforma Política-Electoral avaló el proyecto con 27 votos a favor y seis en contra.

La propuesta contempla modificaciones a los artículos 115 y 116 de la Constitución, además de la adición de un párrafo al artículo 134. Tras su aprobación en comisiones, el documento fue turnado a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Entre los cambios planteados, se establece una nueva integración de los ayuntamientos, los cuales estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el ejercicio del poder público local.

Asimismo, se fija que las legislaturas estatales deberán ajustar sus presupuestos para que no excedan el 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad. También se establece la obligatoriedad de garantizar la paridad en la integración de los congresos locales y se prohíbe la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales.

En materia de remuneraciones, el dictamen señala que los salarios de consejeros y magistrados electorales, tanto a nivel federal como local, no podrán superar los límites establecidos en la Constitución. Además, se prohíbe la contratación de seguros privados y prestaciones adicionales que no estén contempladas en la ley.

El documento también incluye disposiciones transitorias que obligan al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026.

De igual forma, se plantea una reducción progresiva en el presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores. Los recursos que se generen como ahorro en entidades y municipios deberán destinarse a obras de infraestructura pública.

El dictamen será discutido y, en su caso, votado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles.

Con información de agencias