Una revisión realizada por la Comisión Nacional del Agua en Querétaro reveló posibles irregularidades en el uso de concesiones de agua otorgadas para fines agrícolas, pero presuntamente utilizadas con propósitos comerciales y residenciales, en un caso vinculado al diputado del Partido Revolucionario Institucional, Mario Calzada.

De acuerdo con la información oficial, el legislador concentra cinco títulos de concesión que suman 628 metros cúbicos de agua. No obstante, las inspecciones apuntan a un uso distinto al autorizado, lo que podría implicar incumplimientos a la normatividad vigente.

El director de la dependencia, Efraín Morales, detalló que durante las verificaciones se identificaron patrones de aprovechamiento que no corresponden a actividades productivas del campo.

“Cuando hacemos una revisión, encontramos que los pozos se destinan para comercializar agua en pipas”, indicó.

Además, señaló que parte del volumen concesionado estaría siendo dirigida a desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos.

“Uno de los títulos se está utilizando para abastecer servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, con instalaciones de alto consumo como áreas verdes extensas”, explicó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el esquema detectado podría representar un aprovechamiento indebido de beneficios fiscales asociados a concesiones agrícolas.

“El agua para producción de alimentos no paga derechos; sin embargo, en estos casos no se reportaba así porque en realidad se utilizaba para fines distintos, como desarrollos residenciales o venta en pipas”, afirmó.

La mandataria advirtió que este tipo de prácticas no solo contraviene el propósito de las concesiones, sino que también genera desigualdad en el acceso al recurso.

“Se trata de agua que termina en actividades privadas, mientras comunidades cercanas enfrentan problemas de abasto”, señaló.

Patrón de irregularidades en el uso del agua

La revisión de la Conagua no se limita a este caso. El organismo reportó otros hallazgos que apuntan a posibles irregularidades sistemáticas en el uso de concesiones.

Entre ellos, destaca una empresa refresquera con un adeudo presuntivo de 234 millones de pesos tras la revisión de 18 títulos de concesión.

Asimismo, se identificó que una embotelladora operaba sin medidores en algunos puntos, mantenía construcciones irregulares en zona federal y realizaba descargas sin autorización. De tres títulos, solo uno cumplía con los pagos correspondientes.

Estos casos, según la autoridad, evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso del agua concesionada.

La Comisión Nacional del Agua informó que continuará con las inspecciones y revisiones para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar el uso indebido de un recurso considerado estratégico.

Con información de agencias